La Corte Suprema tratará la próxima semana el traslado de los jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminará el martes de la semana que viene en forma extraordinaria en la causa sobre los traslados de jueces realizados durante el gobierno de Mauricio Macri que ahora el kirchnerismo revocó en el Senado.

La convocatoria fue realizada por el presidente del máximo tribunal de justicia del país, Carlos Rosenkrantz, en la reunión virtual de los martes realizada esta mañana con el resto de los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, informaron fuentes judiciales a Vía País.

El 15 de septiembre pasado, la Corte había anunciado que tenía previsto estudiar el reclamo que elevaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes al día siguiente el Frente de Todos removió de sus cargos en Comodoro Py por considerar que sus traslados se realizaron irregularmente, sin el acuerdo del Senado.

El 17, Bruglia y Bertuzzi consideraron que son "ilegales" los decretos dictados por el presidente Alberto Fernández ese mismo día para determinar la marcha atrás de sus movimientos y le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les otorgue licencia hasta pronunciarse respecto del per saltum que presentaron allí.

Con impulso del oficialismo, la Magistratura había determinado que los traslados autorizados por Macri no habían completado el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional ni se ajustaban a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas números 4/18 y 7/18.

Los tres magistrados señalados -Bruglia y Bertuzzi en conjunto y Germán Castelli por su cuenta- presentaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión de la Magistratura.

En el per saltum, Bertuzzi y Bruglia pidieron a la Corte como cabeza del Poder Judicial de la Nación que establezca los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que ellos deben desempeñar a partir ahora.

Esto para “evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica que debe regir en todo estado de derecho y asimismo, la independencia y estabilidad en sus cargos de la que gozan todos los jueces”.