Leandro Boyer
Los históricos reclamos para redefinir el régimen de coparticipación federal volvieron a encontrar sentido ante la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle recursos a la Capital Federal para destinarlos a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los incentivados anhelos no simplifican el camino porque, tal como reconocen en la Casa Rosada, cambiar ese sistema es más difícil que reformar la Constitución Nacional.
Se trata de un proceso de extrema complejidad no sólo por los pasos que demanda sino porque además exige alcanzar los más amplios consensos políticos, un requisito que parece inimaginable en un país donde predomina la lógica de la polarización.
Por lo pronto, la maraña de la coparticipación se sustenta en la ley que se aprobó en 1988 para establecer los criterios provisorios con los que el Estado nacional les entregará a las provincias la masa de los recursos provenientes de los impuestos y los parches que se le aplicaron desde aquel entonces.
Los vaivenes de la política argentina, a pesar de algunos intentos frustrados como los que se emprendieron durante el gobierno de Néstor Kirchner, impiden el diseño de una fórmula. En la reforma constitucional de 1994 se estableció un período de dos años para resolver la cuestión.
Los gobernadores se entusiasmaron con las promesas de Fernández de avanzar hacia un país más equitativo y, sobre todo, con el reciente enroque de los recursos en el AMBA. Lo que el Presidente le sacó a Horacio Rodríguez Larreta es ahora lo que el gobernador Axel Kicillof usará, en principio, para resolver el conflicto de los policías que se sublevaron para reclamar mejoras salariales y que mantuvieron las medidas de fuerza a pesar del ultimátum del Gobierno nacional. Luego, esas partidas serán de libre disponibilidad.
Diecinueve de los mandatarios peronistas aceptaron firmar un comunicado conjunto para respaldar la cruzada de la Nación contra la Capital Federal, porque consideraron que sirve para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado, y aprovecharon para pedir que se reabra “el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos”.
Así se pronunciaron todos los mandatarios del peronismo, salvo el cordobés Juan Schiaretti. Y claro que en la vereda opuesta quedaron los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Duhalde incorporó a la Ciudad en el reparto
La Capital Federal comenzó a recibir recursos del universo de los impuestos coparticipables a partir de 2003, cuando el entonces presidente Eduardo Duhalde dispuso que la Nación le enviará de manera directa el 1,4 por ciento de los fondos.
Y esas partidas se incrementaron en 2016 cuando Mauricio Macri concretó el tan reclamado traslado de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. El ex presidente de Cambiemos elevó aquella cuota que habilitó Duhalde hasta el 3,75%, aunque ese porcentaje se redujo al 3,5% a partir del Pacto Fiscal.
Ahora, Fernández decidió dejar ese aporte en 2,32% y crear con lo que le sacó a la Ciudad el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Desde Duhalde hasta acá, todos los cambios se hicieron por decreto.
Un proceso aún lejano
"A veces uno cree que es mucho más fácil reformar la Constitución que el régimen de coparticipación", reconoció Silvina Batakis, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior que conduce Eduardo "Wado" de Pedro, el encargado de negociar con Rodríguez Larreta y con los gobernadores.
Batakis habla con conocimiento de causa: ella participó en las gestiones que promovió Kirchner en 2004 y recuerda que se tenían que hacer desde la Casa de Salta, en la Capital, porque “no había un acuerdo de juntarse en un espacio nacional” y “simbólicamente” se buscaba una alternativa que muestre que “la Nación no tenía preponderancia” en el debate.
El complejo proceso para establecer una nueva fórmula demanda, de entrada, un acuerdo con absolutamente todos los gobernadores para diseñar el correspondiente proyecto de ley, que luego deberá aprobarse en el Congreso de la Nación. Pero, además, el entendimiento debe ser convalidado por las legislaturas provinciales.
“Si cada uno de los gobernantes va a pensar solamente en su distrito para poner el paraguas discursivo de que tenemos que tener más federalismo, la verdad que es muy difícil avanzar”, anticipó Batakis.
La funcionaria nacional, en declaraciones a Radio el Destape, aclaró que el de la coparticipación “es un tema que siempre está vigente en la agenda y con este tema (de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires) está más sobre el candelero”.
“Es un tema estructural de cómo nosotros los argentinos queremos pensar la Argentina que todos soñamos porque tiene que ver con este desarrollo con equidad, con este desarrollo pensado en el territorio”, describió.
Sin embargo, el conflicto entre Fernández y Rodríguez Larreta refleja una situación que, de nuevo, atenta contra cualquier voluntad para avanzar en ese camino. Para el mandatario porteño, la avanzada del Gobierno nacional demostró que "se eligió deteriorar la convivencia política" que ambas administraciones cultivaron ante el drama de la pandemia del coronavirus.
Y el camino hacia otro año electoral promete elevar las tensiones. Así parece que, en la nueva normalidad, de nuevo, la grieta es ley.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires