Leandro Boyer
El oficialismo avanza con las discusiones y las rondas de consultas en el Congreso de la Nación para terminar de pulir la nueva fórmula que se aplicará para actualizar los incrementos de las jubilaciones y pensiones del régimen general. Pero hasta ahora, el borrador que comenzó a conocerse públicamente no contempla soluciones para varios reclamos históricos.
La intención del Gobierno nacional es retornar a un régimen de movilidad previsional similar al que tuvo vigencia entre 2009 y 2017, y que contempla subas semestrales a determinarse por la variación de los salarios y la recaudación para los fondos de Seguridad Social, aunque sin contemplar los aportes del universo de los beneficiarios con moratoria.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, indicó ante la consulta de este medio que conoció los detalles de ese esquema cuando participó de las deliberaciones de la Comisión Bicameral encargada de definir el nuevo esquema con el que se reemplazará al que puso en marcha Mauricio Macri y que el presidente Alberto Fernández se encargó de dejar sin efecto apenas asumió.
"Es la fórmula del oficialismo. Pero nosotros planteamos que antes de pensar en una determinada movilidad hay que hacer varias cosas para recomponer el haber de los jubilados, porque cualquier fórmula sobre 16000 ó 18.000 pesos es un poquito más o un poquito menos. Hay varias cosas que están pendiente de resolución", planteó Semino.
El especialista en cuestiones previsionales agregó que un primer paso obligado para avanzar con estas discusiones es ver cómo se va a recomponer lo que los jubilados perdieron con los cambios de fórmula en 2017 y en diciembre pasado.
"Hay 6 puntos que se perdieron en 2017 que están reconocidos por la Corte Suprema de Justicia, y después tenemos las pérdidas por los índices decrecientes que se aplicaron menos en los haberes mínimos. Las jubilaciones más altas perdieron casi 8 ó 9 puntos. Y en junio los reajustes fueron hacia la baja", detalló.
Semino, quien impulsó la presentación de un amparo colectivo contra las pérdidas que los haberes previsionales registraron en los últimos meses, reiteró que resolver esas irregularidades representa “una cuestión previa a cualquier movilidad”.
La fórmula que diseña el oficialismo
La intención del oficialismo es que los futuros aumentos jubilatorios se definirán sobre un promedio entre la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y de la recaudación tributaria, con destino a la Seguridad Social por beneficiario sin moratoria.
Para dejar atrás el esquema que puso en marcha el gobierno de Cambiemos, los aumentos volverían a otorgarse dos veces al año, en marzo y en septiembre, y no trimestralmente. Al respecto, Semino se ocupó de recordar que "ambas fórmulas perdieron contra la inflación".
Según trascendió, para tratar de compensar parcialmente esa falencia, en el Frente de Todos contemplan la posibilidad de habilitar aumentos extraordinarios cuando la inflación supere la marcha del índice de Recaudación Total de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Ese plus anti inflacionario sería equivalente a la mitad de la diferencia entre la Recaudación Total de la Anses y el Índice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y se acreditaría en dos modalidades: un 20% como suma fija, y el restante como suma variable.
"Con los aumentos semestrales, los jubilados prefinanciamos la inflación. Tenemos un problema de base. Primero se debe resolver la recomposición y definir un nuevo modo de calcular el haber inicial porque estamos haciéndolo con leyes 1993 y 1994, donde la tasa de sustitución real es de un 50% del sueldo, por lo cual se ingresa a la jubilación ya perdiendo", insistió el defensor de la Tercera Edad.
Semino también rechazó los criterios para desestimar el universo de quienes ingresaron a las jubilaciones con moratorias porque opinó que así se modifica la “naturaleza jurídica del derecho porque los jubilados pasan a ser subsidiados del Estado”.
“Se rompe el criterio histórico que indica que el haber jubilatorio era un salario diferido y que tenía que ver con la historia laboral”, agregó y remarcó que el universo de los beneficiarios con moratorios es el que más crece.
Por lo pronto, la Casa Rosada aplicó un aumento del 7,5% para las jubilaciones, otra vez por decreto, y que tendrá vigencia hasta noviembre. Así, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la suba "del primer semestre fue un poco menos de 14% y el aumento de la mínima fue de 19%".
Un debate clave que eleva la tensión en el Congreso
El debate sobre los futuros aumentos de las jubilaciones es clave también para el Gobierno nacional, sobre todo, porque inició formalmente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el acercamiento de posiciones para refinanciar los 44.000 millones de dólares que gestionó Mauricio Macri demandará asumir compromisos para equilibrar las cuentas públicas.
La primera señal la envió el ministro Martín Guzmán, que en el tramo final de las discusiones para reestructurar la deuda con los acreedores externos advirtió que "seguir cediendo implicaría redefinir prioridades" y se refirió a la cuestión de los haberes previsionales.
“Seguir cediendo implicaría tener que hacer ajustes sobre gastos que son esenciales en Argentina. Inclusive tener que ajustar en jubilaciones, que implicaría una tensión sobre las reservas internacionales del país que generaría más inestabilidad cambiaria. Así que, en ese sentido, hay una decisión tomada, y es que Argentina no tiene la capacidad de poder ofrecer más de lo que ofreció”, remarcó.
Sin embargo, resolver la dinámica de los haberes previsionales es un paso determinante para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas que, se presume, será una variable que el FMI exigirá cumplir sin demasiadas concesiones.
Por ello, la discusión del proyecto oficial promete sumarle más tensión a un debate ya caliente en el Congreso de la Nación, donde los referentes de Juntos por el Cambio adelantaron que no acompañarán ningún tratamiento express.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires