Aunque las lluvias de los últimos días aliviaron la situación, durante la semana una decena de provincias padeció focos de incendios, los más graves en el delta del Paraná y en Córdoba que se arrastran aún más en el tiempo. La sequía prolongada afecta al 60 por ciento del territorio nacional, conductas irresponsables, intereses inmobiliarios y agropecuarios, se suman para alimentar los incendios. Para el ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, la solución de fondo es endurecer la Ley de Bosques Nativos.
-Los reportes de esta semana dan cuenta de nueve provincias con incendios. ¿Qué explicación ve el Ministerio detrás de esta escalada?
-Tenemos una seca prolongada, una escasez de lluvias importante. A la vez, en distintas provincias arrastramos estrés hídrico producto de factores climáticos, como el retroceso de glaciares. Todo eso determina que hoy tengamos el 60 por ciento de la superficie del país con estrés hídrico. Si se suman las provincias que vienen acumulando combustible natural en términos de sequía, cuando hay situaciones imprudentes, o irracionales o malintencionadas, los fuegos que se prenden se expanden rápidamente. Esto sucedió con la mujer de Punilla que en el fondo de su casa prendió fuego y dio inicio a un incendio. La mujer está detenida. También hubo dos menores de 18 años que fueron apresados con material para producir incendios; está el caso de otro hombre, también en la zona de Punilla, que parece que no está bien de salud mental según me comentaron en Córdoba… hay cuatro personas detenidas.
-¿Pero ve más intencionalidad o razones climatológicas?
-Todos los incendios tienen intencionalidad. Sea por problemas de salud mental, sea que pretendía hacer algo y no pensaba que ese fuego iba a escalar. O por la intencionalidad de alguien que recibe dinero para quemar. El 95 por ciento de las quemas a las que asistimos en las provincias tienen intencionalidad.
-Y entre la intencionalidad, ¿qué razones prevalecen?
-Hay razones inmobiliarias; hay también razones agropecuarias de actividad intensiva, de escala mínima, de un productor pequeño, con pocos animales de una zona de pajonales, que los quemó y se le fue la mano. En todos los casos, obviamente es punible. Ahora, cuando detrás hay infraestructura de grandes productores, con grandes extensiones de tierra, ahí ya estamos en problemas…
-¿Dónde ocurre eso?
-El caso de los hermanos Passaglia, el intendente de San Nicolás (norte de Buenos Aires) y el hermano que es diputado provincial. Tienen 840 hectáreas de campo en las islas del delta de Entre Ríos. Los fuegos están ubicados en sus campos. Ahí sí hay una intencionalidad, que es mejorar la pastura del ganado vacuno, o potenciales proyectos inmobiliarios.
-Frente a esto ¿qué puede hacer en concreto el Estado?
-Nuestra propuesta, en acuerdo con los gobernadores, es crear un área protegida en el delta del Paraná. Con presencia nacional y el área protegida por Parque Nacionales, se terminan los incendios. La figura de ‘reserva nacional’ no desconoce la actividad productiva que era nuestra propuesta de área protegida, es distinta a las de parques nacionales. En el parque nacional Nahuel Huapi hay un área de ‘reserva nacional’ con una escala pequeña de producción.
-En Córdoba ha habido desmontes más allá de lo razonable…
-En la Argentina. Hay cuatro millones y medio de hectáreas desforestadas en los últimos veinte años.
-¿Hay una manera concreta, medianamente rápida, de evitar esto?
-La Ley de Bosques Nativos ha servido para hacer un ordenamiento territorial, para determinar la cantidad de hectáreas de bosque nativo, pero es una ley que ha quedado insuficiente. Ha disminuido la deforestación desde la sanción de la ley que fue en 2009 pero no alcanza. Nuestra propuesta es modificar la ley.
-¿Qué propone?
-Hay que eliminar el color verde.
-¿A qué se refiere?
-El ordenamiento territorial establece tres colores. El grado uno de bosques nativos, color rojo, no se toca. El color amarillo contempla actividad productiva, talar, aprovechar la madera, hay ganadería conviviendo con el bosque nativo. Se llama MBGI (Manejo de Bosques con Ganadería Integrada). Estas técnicas se implementan desde hace años y funcionan muy bien. Después está el color verde. Uno puede hacer lo que quiera. El 40 por ciento de los bosques nativos de la Argentina es color verde. Es legal la deforestación. Hay que eliminar el color verde. Tenemos que apuntar a que solamente se pueda desforestar con una planificación legal. Sino, después no nos quejemos de los incendios…
-¿Es ingenuo pensar en un plan de reforestación del bosque nativo?
-Está bien el planteo pero es muy difícil seguirlo. Implantás, sacás la foto, te fuiste, los animales lo pisan; no es efectivo, es caro. La ONG o el grupo que lo propone no vive en el territorio. ¿Quién se queda a cuidarlo? Es complejo.
-¿Qué hay que hacer, entonces?
-Dejar de desforestar.
-¿Cuánto cuestan estos operativos de combate en el fuego?
-Hace casi cuatro meses que estamos en el delta del Paraná… Esto lleva entre 15 y 17 millones diarios. Ese el costo para la Nación… aparte hay que sumar los recursos que cada provincia pone.
-¿El gobierno nacional planea comprar aviones, mejores naves?
-No sirve comprar naves, es mejor alquilarlas. El mantenimiento, el costo que tiene mantener los pilotos, las licencias… lo mejor es licitar. Se licita en el año y se va pagando en relación al uso. Los aviones que se están usando son alquilados, excepto los helicópteros, como el heli-balde que se destinó a Córdoba, o los que se usan para trasladar brigadistas. Tenemos buen equipamiento, está a la altura de cualquier país
-En 2018 se aprobó la ley de creación del Parque Nacional Traslasierra. Desde entonces parece no haber habido muchos avances concretos…
-Todavía está en trámite. Hasta ahora tomamos posesión de una parte de la extensión el parque. Son 105 mil hectáreas y ya tenemos 27 mil hectáreas. Estamos haciendo un ordenamiento de paso de servidumbre en la zona sur, que se trabaja con los herederos que han donado las tierras. Ya tenemos un guardaparque con dos brigadistas, una casilla, se está retirando ganado de la zona, lleva tiempo.
-En Mendoza se discute la posibilidad de generar una excepción a la ley 7722 para desarrollar la minería en Malargüe. ¿Qué opina desde el Estado Nacional?
-Es la provincia la que tiene que determinar esos cambios. Los recursos naturales son de las provincias, artículo 124 de la Constitución Nacional. Es una decisión provincial. Está establecido en la ley de Minería. En diciembre manifesté mi postura en relación a lo que sucedía en Mendoza. Todos los proyectos tienen que hacerse en el marco de lo sostenible. Y con licencia social. Tendrá que determinarlo la legislatura provincial y los habitantes de Malargue. Lo dije la semana pasada en Chubut. Si no hay licencia social no se puede hacer nada. Creo en el ambientalismo con la gente adentro. Descreo del ambientalismo con la gente afuera. En el caso de la minería ha habido malas experiencias. Veladero, por ejemplo. Y ha habido buenas experiencias donde el Estado está presente. En Santa Cruz el Estado tiene el 50 por ciento en un esquema mixto privado y provincial que procura que no haya desajustes en la actividad para evitar contaminaciones que afecten a la población.
Por la Corresponsalía Buenos Aires
