El proyecto de reforma de Comodoro Py, propuesto al Congreso por Alberto Fernández, se aprobará sin problemas en el Senado, en una sesión a realizarse este jueves, pese a las críticas de la oposición y de juristas, inclusive de los más afines del Gobierno. Pero después entrará en un terreno pantanoso para quienes la defienden.
Como en Diputados el Frente de Todos carece de la mayoría de la que goza en la cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa ya salió a parar la pelota y a afirmar que la discusión no será tan veloz.
En rigor de verdad, el trámite en la Cámara Alta no fue exprés, porque el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia desarrolló seis reuniones y en cinco de ellas se escuchó la opinión de decenas de especialistas, con distintas visiones.
Inclusive, al texto que provino de la Casa Rosada —y cuya redacción se atribuye al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en compañía del propio presidente Fernández y de la secretaría de Legal y Técnica, además de la ministra de Justicia, Marcela Losardo— se le introdujeron modificaciones.
Sin embargo, estos cambios no solamente no satisficieron al principal espacio de la oposición, Juntos por el Cambio, que por carta le había pedido al presidente Fernández que directamente retirada la ley, sino que confirmaron los rechazos anticipados en Diputados de los opositores a los que el oficialismo suele echar mano para sacar leyes: el lavagnimo, Córdoba Federal e inclusive algunos diputados del interbloque que conduce José Luis Ramón, que también, y para sorpresa de todos, salieron a desmarcarse.
Inclusive, un agregado de último momento, entre gallos y medianoche, y sin avisar a la oposición, impulsado por el ultracristinista Oscar Parrilli, que obliga a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura presiones que eventualmente recibiesen de los medios, terminó de complicar las chances del proyecto de convertirse en ley.
Una vez girada la media sanción del Senado, el oficialismo hoy sólo obtendría 126 apoyos, con toda la furia, contra al menos 129 rechazos.
"Tiempos distintos"
Ante este escenario, Massa salió a pronosticar que el proyecto tendrá "una discusión más larga" en la Cámara que él preside, con respecto a la que conduce Cristina Kirchner.
"El Senado tiene tiempos distintos a los de Diputados. Diputados siempre le da lugar a la opinión de asociaciones, los colegios. Ya tenemos pedidos de 41 expositores", distinguió el tigrense en la TV.
El líder del Frente Renovador, partido que se integró al Frente de Todos en 2019, para apoyar la fórmula Fernández-Fernández, tras estar alejado del kirchnerismo durante seis años, se inclinó por "abordar no solamente la Justicia penal sino resolver esta locura de que para adoptar un chico se tarden cinco o seis años; o un concurso o un desalojo, que lleva ocho años”.
Las apreciaciones de Massa no tienen prácticamente nada que ver con la discusión llevada a caba en las comisiones del Senado, pero de ellas se infiere que el proyecto, o se modificará radicalmente para conseguir apoyos o quedará en la nada.
En la Cámara Alta, la mayoría de los juristas reprochó que se avance en un proyecto que, lejos de cumplir el propósito de quitarles poder a los jueces de Comodoro Py, se los agregará; y sostuvo que la reforma judicial verdaderamente sustancial anida en el avance del sistema acusatorio que manda el Código Procesal Penal Federal, sancionado en 2014, que empodera a los fiscales federales.
El oficialismo atendió algunas sugerencias pero avanzó con un texto que sostiene en esencia la propuesta del Presidente de la Nación y que con seguridad obtendrá la media sanción este jueves: el Frente de Todos tiene una mayoría de 41 sobre 72 senadores.
Ese día, sin embargo, el oficialismo no tendrá mucho que festejar, no solamente porque el final no será feliz sino que podría realizarse una nueva movilización, a tan solo diez días de la del 17A, pero en la puerta del Congreso y contra la reforma judicial.
La mayoría de loa manifestantes simpatiza con Juntos por el Cambio y más precisamente con su ala más dura, que asocia a esta iniciativa de manera directa con un plan de impunidad a favor de Cristina Kirchner.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
