La Fiscalía General de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por supuestos delitos de terrorismo y solicitó nuevamente su detención preventiva.
La imputación formal contra Morales es por "los delitos de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo por presuntamente haber coordinado" con un dirigente cocalero, por teléfono, "el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales (cabeceras de regiones bolivianas) durante los conflictos de 2019", informó la Fiscalía en un comunicado.
Desde su exilio, el expresidente rechazó la acusación: "De manera ilegal e inconstitucional la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado", escribió en Twitter.
Morales consideró la acusación "una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto", en referencia a la administración de Jeanine Añez. "Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia", afirmó.
Ésta es la segunda vez que la institución judicial pide el arresto de Morales. En diciembre, había solicitado su detención por sedición y terrorismo por los mismos hechos. Entonces, anunció que solicitaría su detención a Interpol, pero el trámite no avanzó.
En febrero, la Fiscalía abrió otra causa contra el exmandatario por supuesto fraude electoral, pero hasta ahora tampoco hubo avances.
En tanto, los fiscales basan su acusación actual en pericias realizadas en Colombia. "Las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma", según el comunicado.
"Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad", dice la voz en la supuesta llamada del exmandatario al dirigente cocalero Faustino Yucra Yarmi.
Al presentar la grabación en noviembre, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, calificó de "crimen de lesa humanidad" ordenar que "no entre comida a las ciudades".
Entre octubre y noviembre, Bolivia atravesó una convulsión en la que murieron 36 personas tras los comicios, que fueron anulados.