A tres semanas del anuncio del presidente Alberto Fernández de intervenir la cerealera Vicentin SAIC, decisión que fue revocada por el juez de Reconquista (al noreste de Santa Fe), Fabián Lorenzini, al reponer al frente de la empresa a los gerentes desplazados, el Gobierno nacional pidió que el expediente pase de la provincia de Santa Fe a la justicia porteña.
El ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, presentó ante la jueza federal en lo contencioso administrativo, María Alejandra Biotti, un escrito en el que se califica de "sentencia arbitraria" a la resolución de Lorenzini del 19 de junio pasado, que puso de nuevo en funciones al frente de la empresa al CEO Sergio Nardelli.
Para el gobierno, el juez violó la ley de medidas cautelares, por lo que pidió que la causa deje el foro santafesino y que la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dictó la intervención se defina en los tribunales contenciosos de Buenos Aires. El caso fue girado al fiscal Fabián Canda. Lorenzini también se había declarado incompentente para resolver el planteo de "inconstitucionalidad" formulado por los dueños de Vicentin respecto al DNU presidencial.
“Se han suspendido ilegítimamente los efectos del DNU, lo que evidencia una clara intromisión en las facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo Nacional y -en cuanto a su primigenio contralor- del Poder Legislativo Nacional, que es el órgano que por mandato constitucional debe expedirse acerca de la validez o invalidez del DNU. (...) Un magistrado provincial ha cercenado ilegítimamente la esfera de facultades propias de dos de los Poderes del Gobierno Federal (los órganos Ejecutivo y Legislativo); e incluso ha invadido la esfera competencial de la Justicia Federal”, argumenta el Ministerio de Producción en la presentación.
“Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU, como tal, es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad”, dice el escrito del Poder Ejecutivo.
La semana pasada, el juez Lorenzini, a cargo del concurso de Vicentin, cuya deuda ronda los cien mil millones de pesos y desde diciembre está en cesación de pagos, comunicó que seguirá vigente su decisión de reponer a la gerencia de la empresa y reservar el rol de “veedores controladores” a la intervención designada por el Presidente Fernández, mientras analiza la presentación hecha por el gobierno de Santa Fe. El gobernador Omar Perotti, por medio de la Inspección General de Personas Jurídicas, solicitó la intervención judicial del Vicentin. Perotti quiere que el directorio sea desplazado y que asuma un órgano de tres interventores hasta que culmine el concurso.
Desde el gobierno de Perotti también se ha señalado que el juez Lorenzini fue durante 18 años abogado del Banco Nación, en la sucursal Reconquista, donde tuvo intervención en distintos expedientes a favor de la empresa Vicentin. Fuentes del Banco Nación dijeron a este diario que se está evaluando si cabe un pedido de recusación al juez.
Causa penal
Los tironeos judiciales van más allá del ámbito administrativo. El juez federal Julián Ercolini aceptó como querellante al Banco Nación en la causa que investiga posibles delitos cometidos por la gerencia de Vicentin.
En la causa se busca establecer si hubo delito en el otorgamiento de créditos a la cerealera de parte del Banco Nación por unos 300 millones de dólares. El fiscal Gerardo Pollicita está al frente de la investigación. Están imputados el expresidente del Nación durante gran parte del gobierno de Macri, Javier González Fraga, y un grupo de gerentes de Vicentin.
El fiscal Pollicita ya le pidió al banco la nómina de funcionarios responsables de autorizar los créditos. Trascendió que la semana pasada, el Banco remitió a los tribunales federales de Retiro archivos con informes y documentación.
El director del Banco Nación, Claudio Lozano, dijo este lunes que la deuda de Vicentin, de unos 18 mil millones de pesos, "afecta la capacidad prestable" del banco para el crédito a pequeñas y medianas empresas.
“Vicentin al Banco Nación le debe más de US$ 300 millones. Esto implica no poder disponer de esa capacidad prestable para poder asignarla, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Afecta la capacidad prestable del Banco”, dijo Lozano en declaraciones radiales.
El banco “tuvo una política de fuerte concentración del crédito en pocas empresas lo que da como resultado un alto nivel de riesgo para el Banco”, agregó Lozano.
“No estamos afectando propiedad ni estamos expropiando un grupo que está funcionando de manera normal”, dijo Lozano, respecto a las críticas expresadas en distintos sectores productivos sobre la intervención gubernamental de Vicentin, expresiones que se reflejaron en el banderazo ocurrido el 20 de junio pasado.
“Han estafado a miles de productores y a la banca pública. Esto afecta la economía del norte de Santa Fe y afecta un área estratégica en Argentina como es el comercio exterior de granos”, dijo Lozano.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.