Analistas internacionales destacaron que en las "últimas horas" se instaló una nueva posibilidad de salida para la negociación de la deuda que lleva adelante el Gobierno nacional con los acreedores externos, y cuyo plazo se extendió hasta el 24 de julio.
El recurso que, se presume, podría utilizar el ministro de Economía, Martín Guzmán, a cargo de las gestiones, es el de la denominada “cláusula de reasignación”.
En Wall Street creen que ese mecanismo sería efectivo para Guzmán, fundamentalmente ante el endurecimiento de las posiciones de los bonistas y, en particular, de los que integran la propuesta conjunta de los tenedores de los canjes 2005 y 2010, los denominados EBG (Exchange Bondholder Group) y el Grupo Ad Hoc, entre los que se encuentra BlackRock y Monarch.
“En ese arduo escenario, y para evitar la ruptura total de las negociaciones, surgió la posibilidad desde el equipo del ministro Guzmán de plantear un acuerdo parcial a través de la ‘cláusula de reasignación’, por la cual el Gobierno argentino tendría el derecho de reasignar bonos, excluyendo aquellos bonos sobre los cuales no habría acuerdo y cuya falta de adhesión podría impedir llegar el 75% de aceptación”, plantearon desde la consultora Torino Economics, con base en Nueva York.
Consideran que esa posibilidad tomó fuerza “en las últimas horas”, en el marco de la nueva extensión de los plazos, lo que implica “un lapso de tiempo más realista para llevar a cabo los ajustes técnicos y legales necesarios para alcanzar un acuerdo”.
“Y, también, una muestra de que el Gobierno argentino no quiere simplemente apartarse de las negociaciones”, resaltaron. Sin embargo, la consultora también planteó dos claras dificultades que podría traer aparejada esta opción: su naturaleza “académica” que implicaría su escasa viabilidad práctica; la falta de garantías de que la masa crítica necesaria alcance el 50% de los acreedores, aun tomando en cuenta el 18,6% de aceptación que obtuvo la primera oferta propuesta por el gobierno argentino el 8 de mayo.
Las negociaciones se complicaron y debieron extenderse, a pesar de que el Gobierno nacional presentó una oferta superadora, que se basa en un Valor Presente Neto (VPN) en torno a los USD 50 por cada 100 de valor nominal, con cupones vinculados a la evolución de las exportaciones agropecuarias, así como un pago de aproximadamente USD 500 millones para el 2021.
En el otro extremo de la mesa de negociación, la exigencia es tener un VPN de aproximadamente USD 55 por cada 100 de valor nominal aunque, en algunos casos, la diferencia podría ser mayor. Además, los que integran el EGB aspiran a obtener los privilegios legales otorgados en el canje 2005 y 2010.
La situación de las provincias, según los analistas de Wall Street
Hasta ahora, las diferentes provincias han intentado alinearse con los objetivos del Ejecutivo Nacional en la búsqueda de una deuda sostenible que les permita crecer para pagar, sin tener que “condenar a la población” a la pobreza, mucho menos bajo el actual contexto donde el aislamiento social ha dinamitado las expectativas de crecimiento y reducido los ingresos ante la escalada de la tasa de desempleo a nivel mundial.
Hasta ahora, aproximadamente USD 11.000 millones de deuda se encuentra en proceso de renegociación. Por esta razón, cada vez son más las provincias obligadas a renegociar sus pasivos, con el objetivo de “liberar” recursos que podrían destinar a otros sectores prioritarios.
El distrito más alineado con el Gobierno central es la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof extendió el plazo de renegociación hasta el 31 de julio, a tono con la fecha establecida por la Nación.
La propuesta, presentada el pasado 23 de abril, sigue sin generar las adhesiones necesarias para su aprobación. Pese a ello, las condiciones de la propuesta se mantienen iguales: seis nuevos títulos, 3 años de gracia, una reducción de intereses del 55% y 7% de capital, lo que se traduce en un ahorro para la provincia de USD 5.000 millones.
En este 2020, Buenos Aires debe enfrentar compromisos que acumulan más de USD 1.193 millones y EUR 166,5 millones.
Pero la provincia que salió a “jugar duro” fue Mendoza. la cuarta provincia más endeudada del país (por detrás de Buenos Aires, Gran Ciudad de Buenos Aires y Córdoba).
La propuesta presentada por el gobernador Rodolfo Suárez para reestructurar sus pasivos incluye un nuevo bono sin haircut de principal, con vencimiento en 2029 y un periodo de gracia de dos años. Además, la provincia propuso pagar cupones entre 2022 y 2024, y que dichos pasivos se amorticen en 11 cuotas semestrales iguales a partir de noviembre 2024. El valor presente neto del nuevo título es de USD 62,6% por cada USD 100, descontando flujos al 10%.
La oferta sorprendió a los acreedores tanto por el tamaño del recorte de intereses como por el hecho de que en ella no se incluyen los intereses del pago que no se concretó el pasado 19 de mayo (USD 24.7 millones).
A juicio de los acreedores, “Mendoza no está tan mal como para hacer una reducción tan grande”. Si bien las distintas agencias la propuesta no fue bien recibida, Torino Economics estima que reconocer el interés acumulado, una práctica considerada estándar, podría ser el paso inicial para acercar posiciones entre las partes.
A Buenos Aires y Mendoza se le suman Córdoba (se espera que en los próximos días inicie el proceso de renegociación de su deuda en dólares, que asciende a USD 1.928 millones), Chubut (con USD 700 millones de deuda) y Río Negro (con USD 300 millones).
Además, Salta y La Rioja anunciaron que iniciarán procesos similares tras retrasar el pago de cupones de intereses de bonos en dólares.
En ese marco, para Torino Economics “el resultado del canje nacional es clave, dado que un fracaso en un acuerdo entre la nación y los bonistas puede complicar la posición de los distritos provinciales ante sus propios acreedores”.
