El Presidente recibe este jueves a Sergio Nardelli para avanzar en un acuerdo.


El presidente Alberto Fernández se reunirá este jueves con el CEO de Grupo Vicentin, Sergio Nardelli, para abrir una negociación directa que propicie que la empresa cambie de manos, al Estado o a una nueva corporación con participación del cooperativismo y la provincia de Santa Fe.

Fernández y Nardelli hablaron por teléfono el martes a la noche mientras los habitantes de Avellaneda, ciudad santafesina donde nació la empresa, hacían un banderazo para protestar contra la intervención y posterior expropiación de la compañía.

Cerca del Presidente le dijeron a Vía País que la decisión de avanzar no cambiará. Pero admitieron que aún no se conoce el alcance del proceso ni el plazo y que Fernández está dispuesto a negociar cambios sobre el proyecto original.

Finalmente puede que esto avance pero no como lo presentó Fernández el lunes. En una reunión en Casa Rosada, se analizó la posibilidad de crear una nueva corporación con protagonismo de los 2.600 productores a los que Vicentin les debe.

En este nuevo proyecto podrían tener participación YPF Agro (empresa de capital mixto), el Estado santafesino, cooperativas agropecuarias de la provincia y los 2.000 empleados que tiene el Grupo. De esto hablarán Fernández y Nardelli.

Masiva marcha en contra de la expropiación de Vicentin. (Foto: Twitter)

Una iniciativa de estas características tendría varias ventajas: en principio, los accionistas estarían de acuerdo; disminuiría la resistencia social; y mejoraría las condiciones para la reestructuración de la deuda de 1.350 millones de dólares de la firma.

El interventor Gabriel Delgado tuvo una charla con parte del directorio. La empresa dijo en un comunicado que esto fue para “preservar la paz social”, tras el banderazo y después de que las principales cámaras empresarias del país cuestionaran la medida.

El directorio dijo que decidió dialogar en buenos términos para “evitar perjuicios contra el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores” y se inclinó por que con la “participación del Juez a cargo”, se determine “el alcance de la intervención dispuesta”.

En la municipalidad de Reconquista (vecina a Avellaneda) el intendente Amadeo Vallejos armó una reunión de la que participaron Nardelli y Sergio Vicentín, dos de los directores de la empresa, y el subinterventor Luciano Zarich.

Dionisio Alfonso, secretario general de Aceiteros de Reconquista, celebró la intervención y remarcó que durante el último año vivieron un escenario de “gran incertidumbre”.

Nardelli, nieto del fundador de la firma, irá hoy a las 18:00 a Olivos. “Ya le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perseguir a nadie, al contrario, queremos rescatar esta empresa que mueve el 13% de los granos del país”, dijo Fernández.

Vicentín. (Foto: Archivo)

Según el Presidente, Nardelli le dijo que tiene una idea para que el Estado se pueda hacer cargo de la empresa pero sin necesidad de expropiación. “Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia”, contó.

En paralelo, apareció la mano de la vicepresidenta Cristina Fernández. Su hombre de confianza, el senador Oscar Parrilli, presentó un proyecto para investigar la relación económica entre Nardelli y el gobierno de Mauricio Macri.

El oficialismo reunirá viernes a las 14:00 a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El punto cuatro del temario propone crear una Comisión Bicameral Investigadora de la relación entre el Banco Nación y Vicentin.

El nucleo duro del kirchnerismo quiere avanzar contra los Nardelli después de que se conociera que Vicentin aportó 27 millones de pesos a las campañas de Macri entre 2015 y 2019, mientras recibía subsidios para pagar salarios y créditos para expandirse.

Incluso, Parrilli propone investigar si además de una deuda de 9.549 millones de pesos en impuestos no pagados a la AFIP, la empresa también incurrió en maniobras de evasión impositiva agravada, para lo que propone la aplicación de la ley penal tributaria, que prevé de dos a nueve años de prisión para una evasión comprobada mayor a 1,5 millones de pesos.

También se pide investigar si la Unidad de Información Financiera (UIF) incumplió con sus obligaciones durante el macrismo y “si existieron posibles maniobras de encubrimiento de lavado de activos de posible origen delictivo entre 2016 y 2019.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.




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