En Diputados, buenas. En el Senado, todas. Así son por hora las chances que tiene el proyecto gubernamental de expropiación del Grupo Vicentin de ser ley, a juzgar por el número de legisladores del Frente de Todos (FDT), el de Juntos por el Cambio (JPC), que se opone de manera tajante, y el de los bloques que están en el medio, donde hay posturas dispares.
Aunque se pueden proyectar resultados en ambas cámaras, todo podría cambiar en los próximos días en función de la posición sobre esta decisión del Poder Ejecutivo de un actor de peso: el campo.
Al caer la tarde la televisión transmitió este martes imágenes de Avellaneda, la pequeña ciudad del norte santafesino donde funciona la sede de la compañía cerealera, rodeada de vecinos con banderas argentinas en rechazo a la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández por decreto y en defensa de la empresa.
Las imágenes y el desarrollo de la intervención podrían incidir en el humor del sector agropecuario, que ya venía mal con el gobierno de Alberto Fernández desde antes de la llegada de la pandemia al país, debido al aumento de las retenciones a las exportaciones. Y con el kirchnerismo, mal desde siempre.
La postura del campo, entonces, podría impactar en algunas de las decisiones que se tomen en el ámbito parlamentario.
La intervención del grupo se dispuso por decreto y se activó velozmente: por la mañana el Gobierno mandó dos aviones con funcionarios a tomar el control de la compañía. Pero para consumar la expropiación, en el Congreso los tiempos son otros.
Cómo es el trámite
El proyecto de ley de expropiación de la compañía cerealera, anunciado el lunes por el Presidente; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el futuro interventor, Gabriel Delgado, y la senadora mendocina de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti —de extrema confianza de Cristina Kirchner— no requiere mayorías especiales para ser sancionado: se aprueba por simple mayoría de votos.
Esto significa que en el Senado el plato sale con fritas: la iniciativa del Ejecutivo ingresaría en las próximas horas por esa cámara, donde el FDT tiene mayoría propia, 41 de los 72 senadores.
Allí la oposición no tiene nada que hacer, excepto expresar su postura en la sesión en que eventualmente se debata la propuesta y, antes, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el peronista cordobés Carlos Caserio, que con seguridad será la encargada de emitir dictámenes.
Liquidado el trámite en el Senado, la iniciativa debería pasar a la Cámara Baja, donde el FDT es la bancada más numerosa pero no tiene el número para aprobar leyes si no es con el apoyo de la oposición.
Si los 256 diputados estuvieran presentes (no se cuenta al oficialista José de Mendiguren, que está de licencia en la banca por desempeñarse como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE), el oficialismo necesitaría tener de su lado a 11 opositores para conseguir el cuórum y para sancionar la ley.
JPC, que tiene 116 integrantes, ya ha expresado su rechazo de cuajo a la iniciativa.
¿Quiénes quedan en el medio?
El espacio más numeroso fuera de la grieta es el interbloque Federal, que en rigor de verdad jamás votó como un espacio de manera uniforme. Según qué asunto esté en discusión y qué intereses estén en juego, los votos de estos 11 diputados federales pueden ser afirmativos, negativos, abstenciones o ausencias.
A ese interbloque lo integran, por un lado, el bonaerense Eduardo "Bali" Bucca, su presidente, y el salteño Andrés Zottos, quienes conforman el Bloque Justicialista.
Por otro lado están los tres lavagnistas (Consenso Federal), Graciela Camaño, Alejandro "Topo" Rodríguez y Jorge Sarghini.
También están los santafesinos Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Luis Contigiani, del Frente Progresista, cada uno con bloque propio.
Y finalmente quedan los cuatro schiarettistas, Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal.
Pero hay otro interbloque, Unidad Federal para el Desarrollo (UFD), presidido por el mendocino José Luis Ramón, que integran ocho diputados que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo y del Poder Ejecutivo con mayor decisión.
Los tres diputados restantes son Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), de excelentes relaciones con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los dos trotstkistas, Romina Del Pla y Nicolás del Caño, que por doctrina deberían apoyar el proyecto, aunque podrían terminar absteniéndose de votar o hasta rechazarlo.
Entre los ocho ramones (como se les conoce a los diputados que integran UFD) y los once federales, el oficialismo no debería tener inconvenientes en conseguir el número.