A pesar de la presión de los grandes fondos de inversión para cerrar ya un acuerdo sobre la base de la propuesta que ellos hacen, el Gobierno decidió ayer extender el plazo de negociaciones hasta el 12 de junio con la idea de buscar que los acreedores sigan bajando sus pretensiones.
En el Gobierno mantienen hermetismo respecto de cuál es el Valor Presidente Neto (VPN) que buscan para sellar el canje. A partir de la nueva oferta (realizada el 26 de mayo), el VPN queda en torno a los 47 dólares promedio por cada lámina de 100.
En tanto, de acuerdo con diferentes estimaciones realizadas por operadores financieros y consultoras privadas, la oferta que hicieron dos de los tres grandes grupos de bonistas, posiciona su VPN en un valor de 53 dólares, tomando como referencia una tasa de salida (o exit yield) del 10%.
El VPN es un concepto utilizado en las finanzas que consiste en actualizar los cobros y pagos futuros para conocer cuánto se va a ganar o perder con una inversión. Con esto, los bonistas pueden dimensionar cómo salen parados del canje de bonos.
Ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en el que respaldó la nueva oferta que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El personal técnico del organismo consideró que la propuesta revisada sigue siendo consistente con "el restablecimiento de la sostenibilidad". Y señaló que "existe solo un margen limitado" para incrementar los pagos a los acreedores privados.
Fuentes del organismo, luego, señalaron a Vía País que el VPN estimado más acorde para un entendimiento es de 50 dólares por lámina de 100. "Un valor superior podría hacer perder el criterio de sostenibilidad", le dijo un funcionario del Fondo a este diario.
El Fondo no es juez ni parte, pero tiene claros intereses en que esta negociación termine bien, dado que el país le adeuda 44.000 millones de dólares.
El VPN del que hablan en el organismo indica que el Fondo espera que las dos partes hagan un esfuerzo más. Hasta ahora, la oferta del Gobierno genera un alivio en el flujo de cada de unos 40.000 millones de dólares en una década y la propuesta de los bonistas, de 36.000 millones.
Guzmán dijo ayer que trabaja en las “enmiendas finales de la oferta” que la Argentina registrará ante la SEC, pero advirtió que “el margen que queda es escaso”. E indicó que se concluyó otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad. “Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer”, expresó.
Este proceso en pos de un acuerdo continúa reflejándose en el mercado. Ayer los bonos en dólares saltaron hasta 6,6% y el riesgo país cayó 0,5%, a 2.622 puntos. El S&P Merval subió 5,8%, superando los 40.000 puntos, y las acciones de empresas argentinas en Wall Street volaron hasta 15%.
Default sin impacto urgente
La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), integrada por bancos y fondos de inversión, declaró ayer a la Argentina en default, por lo que se gatillarán seguros por unos 1.400 millones de dólares la semana que viene.
Esta declaración no afecta inmediatamente a la Argentina dado que se trata de la activación de acuerdos entre privados. Entonces, el país no debe abonar ni un solo dólar.
Una pregunta atinada en esta instancia es si habrá cross-default (suspensión de todos los pagos a todos los acreedores) y aceleración de la deuda. Es decir, una situación similar a la ocurrida en 2001. Expertos del CMF Banco Corporativo explican que para que eso ocurra, el 25% de cada serie de los bonos tiene que votar que el país está en default, declarando el cross-default en su serie y por lo tanto haciendo exigible todo el flujo de pagos futuros (aceleración). “Dada las instancias de las negociaciones con el Gobierno, es poco probable que los tenedores mayoristas lo hagan”, señalaron.
Esta activación de seguros ocurre después de que el 22 de mayo pasado el gobierno no pagó un vencimiento de 503 millones de dólares por los bonos globales.