La Unión Industrial de la Argentina (UIA) salió este martes a rechazar la decisión del Gobierno nacional de prorrogar por 60 días la prohibición para que las empresas apliquen suspensiones o despidos frente a la crisis que desató la pandemia del coronavirus.
"No es el camino, hay que buscar soluciones estructurales porque sea por razones propias del país o por razones como la crisis del año 2008, 2009, o esta sanitaria u otras que aparecerán en el futuro, tenemos que tener instrumentos que protejan al trabajador y que no ahoguen o lleven a la quiebra a las empresas", advirtió el vicepresidente de la entidad fabril Daniel Funes de Rioja en declaraciones a radio El Destape.
Seguido, puntualizó que se debería crear un esquema que contemple un seguro de desempleo. "Hace mucho tiempo que venimos diciendo que la Argentina tiene que tener un seguro de desempleo", lamentó.
“Desde 2001, la mayoría de los años hemos estado con emergencia económica, de empleo o ahora sanitaria. ¿Y cuando no se tiene una red de contención, qué puede hacer un empresario, una PyME o un negocio que tiene empleados que está cerrado y que si puede abrir no tiene clientes?”, completó.
Funes de Rioja realizó esas declaraciones tras conocerse que el Gobierno nacional oficializó este martes la prórroga por 60 días de la prohibición para las empresas de efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor, medida excepcional relacionada con la retracción económica derivada de la pandemia de coronavirus, que regirá, entonces, hasta el mes julio inclusive.
Así lo estableció por medio del decreto de necesidad y urgencia número (DNU) 487 firmado por el presidente Alberto Fernández.; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la totalidad de los ministros del gabinete nacional.
La nueva norma señala que "con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, el gobierno nacional resolvió prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días".
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente el 31 de marzo último, por medio del DNU 329/2020 también por 60 días, al finalizar la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La nueva medida establece que "aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".
El Gobierno fundamentó la prórroga de la prohibición de efectuar despidos en la puesta en marcha de una "serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios".
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También menciona entre las medidas de asistencia las "garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)".
Asimismo, el Gobierno consideró "indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar".