La Argentina necesita hasta 2030 un "alivio" en el servicio de la deuda en moneda extranjera que oscila entre 55.000 y 85.000 millones de dólares para poder expandir su economía y generar las condiciones de pago a los acreedores privados y al Fondo Monetario Internacional.
Eso que parece una afirmación del Gobierno argentino es en realidad una "nota técnica" realizada por el organismo multilateral que conduce Kristalina Georgieva, a pedido sí de la gestión de Alberto Fernández.
Tras la publicación de la nota por parte del personal del FMI y dirigida a los acreedores privados, Georgieva ratifico que la "prioridad" del organismo en estos tiempos difíciles sigue siendo apoyar la recuperación de Argentina con un enfoque en los más vulnerables.
La funcionaria internacional señaló que este trabajo técnico fue “a pedido de las autoridades argentinas”. Lo destacó por reflejar “una estrecha colaboración” con el Gobierno. Y en definitiva terminó dando una señal contundente hacia los acreedores privados.
Esto fue publicado por el organismo apenas una hora antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizara una presentación via webcast para actualizar información sobre el desarrollo macroeconómico de la Argentina y los principios de sostenibilidad de la deuda.
Volverlo sostenible
“La deuda pública de Argentina, que se situó cerca del 90 por ciento del PIB a fines de 2019, es insostenible”, sentenció el FMI. Esto es algo que ya lo había reconocido, pero su ratificación en este momento es clave porque el Gobierno está en pleno proceso de reestructuración.
Por ello, el superávit primario requerido para reducir el actual nivel de deuda pública y las actuales necesidades de financiamiento bruto hacia niveles manejables y consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio, no es económica ni políticamente factible, según el FMI.
Restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda pública requerirá de una reestructuración decisiva, "con una contribución apreciable por parte de los acreedores privados", que reduzca el nivel de deuda y las necesidades de financiamiento bruto hacia niveles consistentes con la capacidad de pago de la Argentina.
En la opinión del equipo técnico, el alivio de la deuda necesario debería reducir las necesidades de financiamiento bruto de Argentina a un promedio de alrededor del 5 por ciento del PIB, y no superior al 6 por ciento del PIB para cualquier año en el mediano y largo plazo.
Si bien esto está por debajo de la capacidad de sostener deuda de algunos mercados emergentes, Argentina tiene una base de exportación particularmente baja y estrecha, así como un sistema financiero interno poco profundo, indicó el organismo al que la Argentina le debe 44.000 millones de dólares.
Asimismo, considerando la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas, el equipo técnico ve la necesidad de mantener el servicio de la deuda en moneda extranjera alrededor del 3 por ciento del PIB a mediano y largo plazo.
Además de alcanzar las metas de las necesidades de financiamiento bruto y del servicio de la deuda en moneda extranjera mencionadas anteriormente, una operación de deuda debería también estabilizar con alta probabilidad el cociente de deuda / PIB, de modo que para 2030 haya un cierto margen en relación a los niveles de deuda a partir de los cuales se originaron las crisis de deuda en el pasado en Argentina.
El marco de referencia
El escenario macroeconómico factible del equipo técnico se basa en los anuncios de políticas en términos generales por parte de Fernández, dado que el contenido preciso de su agenda de políticas aún no se ha dado a conocer.
El marco de referencia factible, que se basa en datos y anuncios de políticas al 15 de marzo de 2020, prevé una recuperación económica moderada, condicionada a que los efectos adversos de la pandemia del coronavirus se disipen hacia fines de este año, junto con un proceso gradual de desinflación y consolidación fiscal a mediano plazo.
Específicamente, después de una moderada expansión fiscal para hacer frente a los efectos de la pandemia, el marco macroeconómico prevé alcanzar un superávit fiscal primario del 0,8 por ciento del PIB para 2023, aumentando a aproximadamente 1,3 por ciento en el largo plazo, consistente con el mantenimiento de superávits comerciales y una mejora de la cobertura de reservas internacionales. El equipo técnico cree que se puede desarrollar e implementar un conjunto de políticas para lograr este escenario.
Alivio de la deuda
El alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera que como mínimo se requiere depende del marco macroeconómico asumido, así como de las condiciones financieras en las que Argentina puede cumplir con sus obligaciones con los acreedores oficiales para el periodo 2021-24.
Para reflejar la incertidumbre en torno a estas condiciones de financiamiento, la nota técnica consideró tres escenarios. Como principio general, cuanto más onerosos sean los términos del este financiamiento (a mayor tasa de interés y a menor plazo los vencimiento), mayor será el alivio de la deuda necesario para cumplir los objetivos de deuda y necesidades de financiamiento bruto a mediano y largo plazo discutidos anteriormente.
Dependiendo del escenario supuesto, el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre 55.000 y 85.000 millones de dólares durante la próxima década.
El extremo inferior de este alivio está asociado con el escenario que supone condiciones de financiamiento más favorables para cumplir con los pagos adeudados al Fondo Monetario Internacional y a otros acreedores oficiales.
Riesgos
El análisis del equipo técnico está sujeto a considerables riesgos a la baja. El riesgo principal a corto plazo se relaciona con un impacto negativo más fuerte y prolongado de lo previsto de la pandemia del coronavirus, con efectos aún más adversos sobre la economía global y a la Argentina.
Además, el marco macroeconómico factible que se supone depende de manera crítica de la implementación firme de la agenda de políticas asumida. Por último, existen riesgos operativos asociados con el proceso de reestructuración de la deuda que pueden impedir alcanzar un acuerdo consistente con una alta participación de los acreedores privados.
La materialización significativa de estos riesgos requeriría una reevaluación de la situación macroeconómica, las políticas y, posiblemente, la capacidad de sostener deuda de Argentina.