Leandro Boyer
Las gestiones oficiales para evitar el default entraron en la fase de definiciones: restan tan sólo 28 días para que venza el plazo que se autoimpuso la Casa Rosada para lograr un acuerdo con los acreedores y la semana que viene el ministro de Economía, Martín Guzmán, hará pública la oferta para conseguir una reestructuración y una quita.
Ya no queda tiempo para la batalla discursiva con la que el Gobierno repartió responsabilidades entre la administración de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional y los fondos especulativos. Guzmán define los detalles de su ofrecimiento y se prepara para el frenético raíd de reuniones que tendrá que mantener con los inversionistas para acercar posiciones.
El presidente Alberto Fernández adelantó que "la premisa" de la oferta es que se permita que el país vuelva a crecer y que eso, advirtió, "es innegociable". Y más allá del respaldo que se consiguió del Fondo Monetario Internacional, que coincidió al señalar que la deuda de la Argentina "no es sostenible", el gran obstáculo radica en las dudas sobre el rumbo económico que emprenderá el país tras superar la fase de emergencia.
El laberinto en el que se encuentra la Argentina se complicó aún más con recientes turbulencias que afrontó el sistema financiero internacional por el efecto del coronavirus, que rememoró lo peor de la crisis de 2008. Todos buscan una apuesta segura para refugiarse.
Y el lunes volvió a Buenos Aires una misión del FMI encabezada por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el representante para la Argentina, Luis Cubeddu. Nuevamente revisarán las cuentas para tratar de vislumbrar el futuro de la economía.
En la antesala de las definiciones, el gobierno de Fernández recibió otra señal de apoyo: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) avaló los argumentos que la Casa Rosada esgrimió contra el FMI y consideró que la crisis crediticia que afronta la Argentina podría convertirse en un "caso testigo" para reconfigurar las reglas de juego a nivel internacional.
“No puede suceder es que el FMI le de crédito a un país y que esos créditos sirvan para financiar la salida de capitales. Desde luego nos hacen falta a nivel internacional marcos regulatorios mucho más estructurados”, advirtió ante este medio Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Así, Bárcela se manifestó en línea con el argumento al que recurrió Alberto Fernández, desde antes de asumir la Presidencia, para involucrar al FMI en la búsqueda de una solución: para el Gobierno, el organismo multilateral de crédito es corresponsable de la situación argentina porque no controló el uso de los más de 44.000 millones de dólares que le entregó a la administración de Mauricio Macri tras la debacle cambiaria que se desató en 2018 y que determinó de una profunda y extensa recesión y de la carrera inflacionaria más importante de los últimos 28 años.
“Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda", insistió Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período de sesiones ordinarias.
El mensaje del organismo dependiente de las Naciones Unidas y cuya misión es promover el desarrollo económico y social en América Latina coincide con el inicio de la última fase de las gestiones oficiales para tratar de cerrar un acuerdo con el Fondo y con los acreedores privados para que el país evite otro default.
Bárcena sigue de cerca el caso de la Argentina e incluso participó en el seminario económico que organizó el papa Francisco en El Vaticano, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron su primer contacto cara a cara. Además, fue durante aquel evento que Jorge Bergoglio salió a cuestionar el funcionamiento del sistema crediticio internacional, la especulación financiera y alertó que “no se pueden pagar las deudas con sacrificios insoportables”.
“Lo que está pasando, creo que es bastante positivo, es que el Gobierno argentino y especialmente sus autoridades como el Presidente, Martín Guzmán y Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia) han buscado espacios de diálogo muy importantes para que Argentina pueda volver a crecer, tenga un poco de espacio para crecer y vuelva a las exportaciones y a pagar”, destacó la funcionaria de la CEPAL.
Y celebró tanto las manifestaciones que se hicieron desde la Casa Rosada para dejar en claro que la voluntad es cumplir con los compromisos asumidos, como el pronunciamiento público del FMI para reconocer que la deuda del país es “insostenible”, tal como lo plantean desde la administración de Fernández.
“Me pareció fundamental es que el propio FMI dijo claramente que la deuda de la Argentina hoy es insostenible. Por lo tanto, hay que buscar caminos para volver a hacer andar la maquinaria exportadora”, evaluó.
Incluso, para Bárcena el caso de la Argentina podría convertirse en una referencia global para comenzar a analizar nuevos marcos regulatorios contra los fondos especulativos que aprovechan las tasas de países necesitados de fondos y luego migran dejando atrás deudas que jaquean a las administraciones públicas y economías sin mejoras para potenciar la generación de recursos.
“Lo que el Fondo está haciendo con la Argentina puede ser un gran orientador para marchar a dónde tiene que ir la sostenibilidad de la deuda”, remarcó.