El gobierno español aprobó el impuesto sobre los servicios digitales, más conocida como "la tasa Google", que promueve la Unión Europea (UE), aunque congeló su cobro hasta fin de año, siguiendo la política implementada en Francia. La idea es esperar a que se genere un acuerdo global y, además, esperando cómo evoluciona la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que graven a sus empresas tecnológicas.
El tributo había sido aprobado en enero de 2019 por el anterior gobierno del socialista Pedro Sánchez, pero su entrada en vigencia se frustró por la convocatoria anticipada de elecciones.
"España está modernizando su sistema fiscal haciéndolo más progresivo y distributivo", afirmó la ministra de Hacienda y vocera del Ejecutivo, María Jesús Montero, en conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros español.
"Si la sociedad evoluciona y la tecnologías también, es necesario que la fiscalidad se mueva en esa dirección para mantener su papel redistributivo y evitar la competencia desleal", añadió la ministra.
Montero remarcó que este nuevo impuesto busca que las grandes multinacionales digitales tributen donde generan valor, y que España sigue trabajando para llegar a un consenso en el marco de la OCDE y el G20, por lo que "adaptará su legislación interna cuando se alcance un pacto a nivel global".
En ese sentido, la ministra explicó que Madrid no cobrará la "tasa Google" hasta el 20 de diciembre, cuando se tendrá que realizar una liquidación única, si bien después se hará de forma trimestral.
El gobierno francés, que fue pionero en aprobar esta tributación en julio de 2019, suspendió su cobro hasta fin de año, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con poner aranceles a sus vinos.
La llamada "tasa Google" -el gobierno español rechaza llamarla así - gravará con 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
El gobierno español espera recaudar con este impuestos unos 968 millones de euros, cifra inferior a lo estipulado el año pasado (1.200 millones) debido a la ralentizacion de la economía.