El presidente Mauricio Macri decidió suspender la firma del Decreto de necesidad y urgencia (DNU) para que el programa de Protección de Testigos pase de la órbita del Poder Ejecutivo a la del Judicial, algo estaba previsto ocurra este miércoles.
Sin embargo, el Gobierno no abandonó la idea de realizar este cambio antes de que asuma Alberto Fernández, pero lo demoraron para que el equipo del ministro de Justicia, Germán Garavano, corrija fallas técnicas".
De esta manera, los 225 testigos y 97 familias que están amparados por este sistema, iban a pasar a estar bajo la tutela de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. "Hay que resguardar la seguridad de los que están en el programa", explicaron en el entorno del ministro de Justicia Germán Garavano, autor del proyecto.
Según Clarín, el presidente decidió hacer esta modificación luego de que los resultados de las PASO desataron que varios testigos protegidos reclamasen al Ejecutivo que el programa esté en un ámbito "independiente" del poder político. Ocurre que el programa abarca a los imputados colaboradores, los "arrepentidos", quienes denunciaron por corrupción a exfuncionarios kirchneristas, como el exvicepresidente Amado Boudou y el exministro de Planificación Julio De Vido.
Entre los "arrepentidos" están Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del exvicepresidente Boudou; Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, autor de los "cuadernos de las coimas"; y el valijero Leonardo Fariña, entre otros.
Sin embargo, en la Justicia hubo malestar con este cambio. Tanto en la Corte Suprema como en Casación Penal manifestaron su disconformidad, por tratarse de una estructura demasiado grande para atender sin tener el control de las fuerzas de seguridad, que siguen dependiendo del Ejecutivo. Además, argumentaron desde Casación, los magistrados de este fuero deberían evaluar los dichos de los arrepentidos para determinar si siguen o no en el programa, algo que puede "chocar" con su obligación de cuidarlos.
Por otra parte, el presidente electo Alberto Fernández negó haber sido consultado al respecto, tal como habían asegurado versiones periodísticas. "Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo", sostuvo en un tuit.