La Justicia Electoral de los 24 distritos en los que se divide el país, correspondientes a las provincias más la ciudad de Buenos Aires, comenzaron el escrutinio definitivo de las elecciones generales celebradas el domingo, en las que Alberto Fernández, del Frente de Todos, resultó presidente electo en primera vuelta.
Según lo establece el artículo 112 del Código Nacional Electoral, el conteo definitivo de votos -el único con validez legal- debe realizarse "en un plazo no mayor de diez días corridos" para la categoría de Presidente y Vicepresidente de la Nación, con lo cual debería estar concluido a más tardar el próximo 8 de noviembre.
No obstante, como la única categoría sobre la que la norma es taxativa en cuanto a la duración del escrutinio definido es la presidencial, es posible que, para la categoría de diputado nacional y -en los distritos que corresponde- de senador nacional, el recuento pueda demorarse unos días más.
De hecho, para las PASO, la finalización del escrutinio definitivo de cada uno de los distritos electorales del país demoró entre 10 y 15 días, según el caso, aunque en aquella oportunidad, no corridos por el plazo máximo que establece la ley, por no estar referida puntualmente a las primarias.
El desempeño de Smatmatic, que ganó la licitación para encargarse del escrutinio provisorio, estará en la mira de los fiscales de los partidos políticos de la oposición.
Previo a las elecciones, distintos frentes electorales habían expresado cuestionamientos y dudas sobre la transmisión de los telegramas a cargo de la empresa, en la noche del domingo.
"Una vez que dispongamos de esas cifras, las cotejaremos con las que ha hecho conocer el gobierno nacional a través de Smartmatic, el Correo, etcétera. Si de ese cotejo surgen inconsistencias, haremos las presentaciones judiciales correspondientes", anticipó el cuerpo de apoderados del Frente de Todos, que encabeza Jorge Landau, a través de un comunicado.
En esa línea dijeron que no harán "comentarios sobre el tráfico de datos que circulan en las redes sociales", que hablan de un mal manejo de información, y que continuarán auditando a través de su equipo de informáticos pese a no confiar "en la información proporcionada por el gobierno y tampoco de las conclusiones emanadas de esos datos".
