El empresario santacruceño Lázaro Báez decidió postergar su declaración en el juicio oral y público que se le sigue junto a sus hijos y otros imputados por la llamada ruta del dinero K. De esta manera, se espera que declare luego de las elecciones del 27 de octubre.
Los abogados de Báez presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 en el que solicitaron formalmente la postergación.
Asimismo, su defensa dejó trascender que no había podido acceder a toda la documentación que pretendía evaluar antes de hacer uso de que el empresario fuera indagado.
Las indagatorias continuarán con las declaraciones de su hijo Leandro Báez (que a diferencia de su padre, ya declaró en el juicio), del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco, cuyas audiencias también podrían adelantarse.
El juicio oral por la llamada "ruta del dinero K" comenzó hace un año y ahora el Tribunal escuchará a los acusados que quieran ampliar su indagatoria antes de dar inicio a la etapa de alegatos.
El debate oral está encabezado por el TOF 4 que preside el juez Néstor Costabel y está integrado también por las magistradas Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.
Los Báez y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares, dinero supuestamente obtenido de manera ilícita con obra pública adjudicada durante el kirchnerismo.
Entre los juzgados están el exmarido de la vedette Ileana Calabró, Fabián Rossi, el imputado protegido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el ya mencionado contador Pérez Gadín, y su hijo Sebastián Pérez Gadín y Chueco.
Los procesados están acusados de montar "una estructura jurídica y bancaria en el país y en el extranjero" para ingresar al circuito económico formal y dar "apariencia de legalidad" unos 60 millones de dólares a través de diferentes maniobras.
También se juzga el episodio conocido como "la Rosadita", que abarca la escena en la que Martín Báez, Fabián Rossi y otros juzgados fueron filmados en la exfinanciera SGI, de Puerto Madero, contando cinco millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado.
Los fondos, según la acusación, tuvieron origen "en ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Báez, en el marco de un amplio escenario de corrupción en la obra pública".