Leandro Boyer
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó este viernes su "profunda preocupación respecto a operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces".
"En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita con algún grado de sistematicidad", alertaron.
A través de su comunicado 87/2019, la entidad que agrupa a los representantes del Poder Judicial remarcó que "ese tipo de conductas violan gravemente el derecho a la intimidad del que también son titulares los jueces, a la par que quebrantan el estado de derecho que debe imperar en una sociedad civilizada".
"Esta asociación se solidariza con los magistrados que habrían sido víctimas de esos ataques y seguirá con atención el curso de la investigación llevada adelante por el juez y el fiscal interviniente, a quienes deseamos éxito en esa importante tarea, en procura del pronto esclarecimiento de esta perturbadora situación", planteó como cierre el texto que lleva la firma de Marcelo Gallo Table, presidente de la entidad, y de Enrique Comellas, el secretario general.
El pronunciamiento se difundió luego de que este jueves el juez federal Rodolfo Canicoba Corral solicitara informes a organismos oficiales para conocer los motivos por los cuales se hicieron consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones sobre viajes al exterior de 21 jueces.
Así lo explicaron a Télam fuentes judiciales al señalar que se trata de una investigación iniciada en el 2017 a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el juez comenzó ya a recibir respuestas a algunos de esos requerimientos.
Entre estas respuestas, algunos organismos ya confirmaron haber realizado esas averiguaciones en investigaciones de su competencia, sin precisar de cuáles se trataba.
En otros casos, se ubicó a funcionarios y empleados que consultaron la base de Migraciones y muchos aseguraron "haber estado de vacaciones" y que su clave de acceso habría sido usada por un tercero, según los investigadores.
También se aludió a cuestiones vinculadas supuestamente a la "seguridad" de algunos magistrados con motivo de viajes.
El juzgado, siempre según las fuentes, recibió ya la mayoría de las respuestas a los oficios salvo el de la Procuración de la Nación.
Canicoba Corral requirió a los organismos que informen "en el marco de qué investigación y/o actuaciones, y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresarla base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior de un conjunto de personas".
Los informes se pidieron a la Agencia Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, Unidad de Información Financiera, Gendarmería Nacional, Agencia Federal de Inteligencia de la Nación, Procuración de la Nación, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina.
Según Migraciones, al responder un pedido de informes cursado por Canicoba Corral hubo consultas sobre el ministro de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda, la camarista de Casación Penal Ana María Figueroa, los miembros de la Cámara Federal Martín Irurzun y Mariano Llorens.
También de jueces federales de instrucción como María Eugenia Capuchetti,Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Rodriguez y María Servini.
Además, Migraciones informó sobre consultas desde organismos oficiales sobre salidas del país de los jueces en lo penal ecónomico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova y de Tribunales Orales como María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer,Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.
En el dictamen de impulso a la investigación, el fiscal federal Ramiro González aludió a la necesidad de "dilucidar" si estas averiguaciones "fueron efectuadas dentro de un marco legal o se trató de investigaciones ilegales".
Por ello pidió investigar si "desde alguno de los organismos y/o dependencias del Estado individualizadas se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal".
Por la corresponsalía de Buenos Aires.