Tras ser liberado, el empresario Cristóbal López negó los cargos que enfrenta y aseguró que buscará "recuperar" sus empresas. Estuvo detenido por evasión impositiva más de un año en el penal de Ezeiza. "Ahora recuperamos la libertad. El segundo paso será recuperar el manejo de las empresas", aseguró horas después de quedar en libertad.
"Cuando tengamos el manejo de las empresas, pagaremos todo lo que debemos. Preguntale a (Marcelo) Tinelli, a (Beto) Casella y a todos si alguna vez no cumplimos con nuestras obligaciones de salarios", expresó López en referencia al reclamo de periodistas que trabajaron en los medios que pertenecen a su grupo.
En declaraciones a radio Mitre en los tribunales de Comodoro Py, donde debió ir a notificarse de su situación judicial, el empresario se refirió a la posible evasión impositiva que lo llevó a la cárcel. "Si lee el expediente, se van a encontrar con una pericia que hizo la Suprema Corte. Y ahí te vas a encontrar que al 1 de diciembre de 2015 Oil Combustible no debía una sola moneda", aseveró.
El martes, el juez Claudio Bonadio concedió la libertad tanto a López como a su socio Fabián De Sousa, tras aceptar los seguros de caución presentados como garantía de la fianza de $60 millones a cada uno. Ambos empresarios fueron dejados en libertad después de que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga por defraudación al Estado por la deuda multimillonaria generada con Oil Combustibles, al considerar que ya no existía motivo por el cual debían permanecer detenidos.
Pese a haber conseguido su excarcelación, los dueños del Grupo Indalo continuarán asistiendo los jueves al juicio que el TOF 3 realiza en su contra. Ya que es el responsable de juzgar a los empresarios junto a Ricardo Echegaray por haber defraudado al Estado al no tributar el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil.
La Justicia determinó que, lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con esos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. La acusación sostiene que habría existido la convivencia del ente recaudador.