En medio de una extensa recesión y a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, los industriales dieron a conocer este miércoles en detalle el plan productivo que proponen discutir para los próximos cuatro años.
No es un documento con meros reclamos. Es una propuesta abierta a la discusión, en pos del acuerdo político, económico y social que tanto el macrismo como el peronismo kirchnerista prevén poner en marcha el 10 de diciembre.
La propuestas van desde una nueva reforma tributaria que reduzca la maraña de 163 impuestos que hay en el país, hasta la discusión de los convenios colectivos para aggiornarlos a la disrupción de la tecnología, pasando por una reducción de las tasas de interés y la eliminación de los derechos de exportación.
El informe fue presentado por Diego Coatz, economista jefe de la UIA. Y antes habló el presidente de la central fabril, Miguel Acevedo, quien agradeció la presencia de sindicalistas como Antonio Caló (UOM) y Rodolfo Daer (Alimentación).
El jefe gremial de los industriales dijo que la propuesta es un aporte para la discusión, porque "claramente la Argentina va a tener que hacer un acuerdo" en los próximos meses, tanto para capear la crítica coyuntura como para establecer qué modelo de país productivo pretende para el futuro.
La propuesta tiene once puntos que ofician como disparadores para la discusión. Y plantea una serie de medidas para el corto y el mediano plazo. Según coincidieron Coatz y Acevedeo, hay decisiones que el próximo presidente, sea quien fuere, debería tomar para al menos frenar la caída de la actividad.
El uso de la capacidad instalada de la industria está en torno al 59% y no supera el 62% desde enero del 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En los últimos cuatro años, el pico se ubicó en el 69,2% y desde el 2013 la industria no alcanza el 75% y desde febrero de 2012 que no toca el 80%.
La situación compleja para la industria viene desde hace muchos años, pero se agravó en los últimos dos con el derrumbe del mercado interno. Incluso ni la devaluación del peso y el aumento de competitividad por tipo de cambio lograron que el entramado industrial se recupere al menos parcialmente.
En ese contexto y de cara a una nueva gestión de Gobierno, la central fabril estableció como condición excluyente un acuerdo para reducir la inflación, como primera medida del corto plazo. Y en paralelo pide una baja de las tasas de interés para que las empresas –principalmente las pymes- vuelvan a financiarse y se empiece a subsanar la cadena de pagos.
Sobre los derechos de exportación (retenciones), la UIA pide eliminarlos para bienes industriales y alimentos elaborados, y ajustar los reintegros de manera que compensen el peso de los impuestos en las exportaciones de manufacturas.
Para el arancel externo común la UIA señala que hay que "evitar la reducción unilateral y encarar negociaciones que busquen beneficios al menos equivalentes". Y en paralelo propone una "Ley PyME 2.0" con reducción de la presión impositiva, Cuenta Única Tributaria y fomento de inversiones (financiamiento e incentivos fiscales).
En tanto, para lo que fue definido como "un desarrollo productivo federal", la entidad recomendó mantener los beneficios regionales asociados a la seguridad social previstos en el Decreto 814/01. Y a ello sumó materia de financiamiento: una línea de crédito para la inversión productiva con bonificación de tasas.
Por último reclamó un "consenso fiscal" con monitoreo de cumplimiento de la reducción de la presión fiscal a nivel subnacional (foco en tasas y sobre costos a nivel municipal). Sin ir más lejos, lo que los empresarios quieren es una reducción o eliminación de los Ingresos Brutos y las tasas municipales.
Con la mira puesta en el mediano y largo plazo, la central fabril recomienda encarar una nueva reforma tributaria. Que se establezca un nuevo régimen impositivo que fomente el agregado de valor, potencie la producción de bienes transables y las exportaciones.
Para esa segunda instancia del plan, solicita que se impulsen las negociaciones internacionales. Allí señala una "inserción inteligente, basada en el plan productivo y articulada con el sector privado en la búsqueda de nuevos mercados".
Y por último abona la idea de una "Industria 4.0" o Nueva Ley 4.0 para fomentar la incorporación, el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías en todo el entramado productivo. Eso podría estar conducido y regulado por una Agencia Científico – Tecnológica que realice nexos entre instrumentos y financiamiento para la investigación, desarrollo e innovación, con la agenda educativa y laboral.