La Policía Federal arrestó el miércoles en Río de Janeiro a doce fiscales de la Administración Federal de Impuestos, sospechados de cobrar sobornos a personas investigadas por el Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil.
Las autoridades identificaron a uno de los fiscales detenidos, Marco Aurelio Canal, que formaba parte del propio equipo especial de investigación de la Lava Jato, como el posible jefe de la organización.
Fuentes policiales citadas por EFE indicaron que esta red delictiva tenía acceso a detalles fiscales de los investigados, que usaban para exigirles coimas a cambio de la reducción o la cancelación de las multas por evasión de impuestos.
Canal, quien al parecer dirigía la organización criminal, actuaba como supervisor de programación del Fisco, grupo que ejecutaba las multas contra los investigados y era integrante de la fuerza tarea de la Lava Jato.
La Lava Jato es conocida internacionalmente por ser la operación que desveló la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil, que puso tras las rejas a altos ejecutivos de la estatal petrolera Petrobras y a decenas de políticos y empresarios de Brasil.
De acuerdo con la Fiscalía, Canal "tenía conocimiento de los datos investigados por la fuerza tarea de la Lava Jato solo después de que estos se volvían públicos".
Al conocer la información, Canal y su grupo, en vez de cobrar las multas determinadas por los superiores en el Fisco, negociaba sobornos con los investigados.
La investigación se inició a partir de las declaraciones de dos investigados de la Lava Jato que estaba colaborando con la justicia.
A partir de esta información, la Policía Federal, con el apoyo del propio Fisco, identificó activos ocultos y el uso de información privilegiada para beneficiar a terceros.
Según la Fiscalía, también se ha identificado una "extensa red de lavado de dinero", y entre los motivos que justificaron las órdenes de arresto figura el de ayudar a ocultar los valores.
Entre las 14 órdenes de captura expedidas por la Justicia están la de José Carlos Lavouras, quien se encuentra en Portugal y la de una mujer, de la que no fue revelado el nombre, quienes fueron declarados forajidos.
Asimismo, las autoridades efectuaron 39 allanamientos en residencias de los acusados para buscar posibles pruebas de los delitos investigados.