La Justicia argentina imputó a dos altos directivos del Sanatorio La Trinidad en la causa en la que se investiga posible encubrimiento a los médicos Diego Bialolenkier y Nélida Puente, que participaron de la endoscopia que terminó con la vida de Débora Pérez Volpin. La fiscal de instrucción Nancy Olivieri imputó al director de La Trinidad Roberto Martingano y al de la empresa de medicina prepaga Galeno Eduardo Cavallo en la nueva causa, que es un desprendimiento de la principal por el caso Pérez Volpin y que fue impulsada por la familia de la periodista.
La conductora de Arriba Argentinos murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopia. El estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por un dolor abdominal. Por su muerte fueron juzgados Bialolenkier y Puente, en un proceso que estuvo a cargo de Javier Anzoátegui. El endoscopista fue condenado a tres años de prisión condicional y 7 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer su profesión mientras que la anestesista fue absuelta, la medida fue apelada por la familia de la periodista.
La nueva causa está a cargo del juez Carlos Bruniard y se abrió a partir del pedido que hizo la familia la periodista durante el juicio oral y público. En la denuncia por presunto encubrimiento la familia asegura que hubo "obstaculización" en la investigación de parte de la clínica y que entregaron un endoscopio diferente del que se usó en el estudio que terminó con la vida de la periodista.
El abogado de la familia de Pérez Volpin, Diego Pirota advirtió: "Desde el primer momento sostuvimos que este equipo no había utilizado el día de la endoscopía, porque es un equipo viejo, que no tiene nada que ver con la tecnología de los demás que tiene la clínica. Éste no graba, y siempre especulamos que no conocíamos el equipo verdadero para que no pudiéramos ver las imágenes del momento en que se realizó la lesión al esófago de Débora".
La familia pidió ser querellante en la nueva causa y apelar al fallo del Tribunal Oral que el pasado 2 de agosto condenó a Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso y a siete años y medio de inhabilitación y absolvió a la anestesista. Reclamaron que el endoscopista sea condenado a la pena máxima de inhabilitación para ejercer su profesión prevista para estos casos en el Código Penal, que es de diez años.
Por otro lado, en relación a la anestesista exigieron que también se la condene por "homicidio culposo" al aseverar que no actuó de manera acorde a las necesidades de"una situación de la gravedad que se le presentó". Según publicó TN.