Mauricio Macri finalmente presentó su proyecto para "reperfilar" los vencimientos de la deuda emitida bajo legislación local en manos de tenedores privados, a partir del año que viene y hasta el 2023. La primera interpretación del mundo económico es que se trata de un punto de partida necesario, aunque sujeto a la definición del rumbo político y económico, y que incluye mecanismos no exentos de polémica.
Es que el plan contempla procedimientos que prometen desatar calurosos debates parlamentarios, como la implementación de Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) y la pesificación de las posiciones en moneda extranjera, y la reforma de Ley de Administración Financiera, entre otros.
El objetivo formal es "restablecer los niveles de sostenibilidad de la deuda pública nacional", que quedó en jaque a partir del cierre de los mercados y el cimbronazo financiero posterior a las elecciones primarias, y "despejar las exigencias financieras" para quien asuma en diciembre próximo al frente del Gobierno nacional.
"Es una manera de marcar la cancha y decir cómo va a proceder el Estado. Más adelante veremos qué condiciones se van a ofrecer, si hay quita y cuál será la extensión de plazo. Hasta ahora no sabemos nada, pero este es un paso necesario", evaluó ante la consulta de este medio el asesor financiero José Ignacio Bano.
Sin embargo, el exsecretario de Finanzas Daniel Max subrayó que el proyecto es "un accesorio" que debe enmarcarse en "la clarificación de la conducción política y con la presentación del programa económico" que llevará adelante la Argentina en los próximos años. Por lo pronto, todo recién se resolverá a partir de las elecciones del 27 de octubre, cuando Macri tratará de recortar la extensa ventaja que consiguió en las primarias su principal rival, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.
El artículo más relevante de la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados dispone que las negociaciones con los tenedores de deuda se realizarán bajo el esquema de las CACs, por el cual, si el 66,66% de los tenedores de toda la serie de títulos acepta la propuesta oficial para modificar "los términos y las condiciones" del cobro, el resto deberá acoplarse.
El detalle de la normativa indica que en ese caso también se deberá alcanzar el consentimiento del 50% de los inversores con posiciones en cada una de las serie de letras involucradas. Además, cuando las negociaciones se acoten a una única serie, la aceptación deberá ascender al 75% del monto de capital pendiente de amortización.
La prioridad para sentarse a discutir la tendrán quienes posean la mayor participación en el capital pendiente. Es decir, que la definición quedaría en manos de los grandes fondos y eso podría alimentar chicanas en el debate parlamentario con el que se busca "darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina en el mediano y largo plazo".
Apenas se confirmaron los ejes centrales para apuntalar la futura renegociación, comenzaron a conocerse las reacciones y las advertencias de los operadores del sector financiero. Allí, hay quienes alertan que incorporar las CACs, tal como sucede con las emisiones bajo legislación extranjera, no es aplicable para los compromisos que se necesitan "reperfilar" y que, por ello, se incurriría en una violación de las condiciones que se acordaron inicialmente y en un consecuente default.
Incluso auguran que si el proyecto prospera y se convierte en ley, podría producirse una resistencia de los tenedores de bonos que no acepten las nuevas condiciones, aunque representen un porcentaje menor.
"Lo que se pide es una carta blanca. Le piden al Congreso la facultad para negociar y ofrecer lo que definan de manera inconsulta. Sólo pusieron los porcentajes de aceptación necesarios. Y para peor, dicen que los tenedores oficiales como la Anses no tienen voz ni voto", manifestó a este diario un experimentado operador financiero. El texto excluyó las posiciones de deuda con agencias públicas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que asciende a $ 1,11 billones, según los datos del primer trimestre.
El analista expuso el malestar del sector al calificar al proyecto como un acto de "ineptitud" porque, se quejó, "primero deberían tener una propuesta seria y conversada con los tenedores grandes, y luego presentar eso al Congreso, y no recurrir a este burdo intento de carta blanca con el que no se sabe si la intención es que finalmente no se convierta en ley para culpar a la oposición".
Otro de los especialistas consultados centró sus dudas en el inciso "b" del artículo 3 del texto: "Hay un punto de fondo muy importante que es el intento por sustituir el artículo de la Ley de Administración Financiera que determina cómo se acepta para el Estado nacional el canje de deuda".
Sobre la letra chica predominan las grandes incógnitas aun no resueltas en la Casa Rosada: cuáles serán los plazos, si habrá quita, de qué tipo y de qué nivel. Al respecto, la calificadora de riesgo Fitch adelantó que las negociaciones implicarán un recorte tanto de la deuda local como en las posiciones externas porque "el endeudamiento del Gobierno, que representa alrededor del 90% del Producto Interno Bruto (PIB), no es sostenible".