El proyecto de ley aprobado el jueves en la Cámara de Diputados en una sesión exprés establece que la Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022. Además, dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
En el caso de que el Senado también le dé luz verde, la iniciativa demandará entre 4.000 y 10.000 millones de pesos en lo que resta del año, según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En la iniciativa se establece que deberá otorgar "como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
"Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados, el costo ascendería a $10.489 millones; si se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados hasta entonces, ascendería a $4.061 millones", detalló la OPC.
Además, la normativa faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional que apruebe el Congreso de la Nación".
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.
Presentes y ausentes en la votación en Diputados
La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrio; el macrista Fernando Iglesias, los kirchneristas Eduardo "Wado" De Pedro y Axel Kicillof, el peronista Diego Bossio, el massista José Ignacio De Mendiguren y el radical Martín Lousteau fueron hoy algunos de los ausentes en la votación que aprobó la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados.
Al momento de la votación, que contó con 222 manos alzadas a favor y una abstención, se registraron 33 ausentes, teniendo en cuenta que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), no participó.
El PRO fue el bloque con más ausentes: nueve. Además de Iglesias, que estuvo al inicio de la sesión, también se contaron el ex titular de la bancada, Nicolás Massot, que se encuentra cursando una beca en Estados Unidos; Juan Aicega (Buenos Aires), Héctor Baldassi (Córdoba), Facundo Garretón (Tucumán), Martín Grande (Salta), Martín Medina (Buenos Aires), Karina Molina (La Rioja) y Carlos Roma (Tierra del Fuego).
Además de Carrió, de la Coalición Cívica, faltaron la bonaerense Marcela Campagnoli y la catamarqueña Orieta Vera González; mientras que de la UCR no estuvieron Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Julián Dindart (Corrientes), Alejandro Echegaray (Buenos Aires), Diego Mestre (Córdoba) y Nadia Ricci (Santa Cruz).
Por el Frente para la Victoria, Kicillof estuvo al inicio de la sesión pero luego abandonó el recinto por su agenda de campaña; otra de las ausentes fue la santafesina Josefina González.
Otros diputados que faltaron fueron Sergio Ziliotto, Oscar Macías y Juan Mosqueda (bloque Justicialista); Raúl Pérez (Frente Renovador); Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social de Catamarca) y Claudia Zamora (Frente Cívico por Santiago).