El Gobierno sondea la posibilidad de habilitar el pago de un bono cuyo monto no fue precisado para todos los trabajadores del sector privado y una "ayuda alimentaria" para quienes están suspendidos o perdieron su trabajo en el último año y no pudieron reinsertarse.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó un bono de 5.000 pesos para los 6.068.705 trabajadores asalariados del sector privado, pero el Gobierno puso reparos en el monto por la frágil situación financiera de las empresas, principalmente las pymes.
Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, explicó que con la CGT se habló de la posibilidad de impulsar una "ayuda alimentaria" para suspendidos y despedidos. Será a través de una tarjeta específica para la compra con descuentos de productos de la canasta básica.
Según datos de la cartera laboral, entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019 se perdieron 147.999 puestos de trabajo registrado en empresas privadas. Y se eliminaron 253.883 empleos privados desde que estalló la crisis en abril del año pasado.
La iniciativa de una "tarjeta alimentaria" apunta a paliar la situación en los rubros más golpeados por la recesión iniciada el año pasado, como por ejemplo el textil, del calzado, metalúrgico y de la construcción.
Esto será puesto en marcha por el ministerio de Desarrollo Social sobre la base de información brindada por gremios como Sanidad, la UOM, Obras Sanitarias, Comercio y la UOCRA.
La tarjeta vendría a reforzar el seguro de desempleo que perciben por hasta un máximo de doce meses quienes hayan perdido el trabajo. Esa ayuda del Estado tiene un mínimo de 3.634 pesos y un máximo de 5.815 pesos. En octubre, subirá a 3.925 pesos y 6.280 pesos.
Esta medida, que se resolverá la próxima semana, se sumará a las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en agosto, tras la derrota electoral a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.
Entre otras cosas, el mandatario anunció que habrá un bono extra para los trabajadores privados de 2.000 pesos. El dinero es parte del descuento que hacen las empresas a sus empleados para derivarlo a la ANSeS. Y también anunció un bono de 5.000 para los estatales.
Andrés Rodríguez, de UPCN, dijo que hay que ver cómo se implementa el bono para el sector privado. "Estamos cerca, se necesita mucho", dijo el sindicalista. Y señaló que se decidió no hablar, por ahora, de una cifra precisa.
En el sector privado, el ciclo paritario cerró mayoritariamente entre abril y junio con alzas de entre 28% y 30% promedio, dijo Sica en declaraciones a radio La Red. Por ello, le pidió a la CGT esperar a conocer este jueves el dato de inflación de agosto para ver qué camino tomar.
El funcionario reconoció que muchos sindicatos empezaron a solicitar una revisión de sus paritarias. La semana que viene, ya con el Índice de Precios al Consumidor en las manos, las partes volverán a reunirse para analizar si la mejor alternativa es la reapertura de paritarias o el pago de un bono no remunerativo de una cifra a acordar.
A este diálogo el Gobierno quiere sumar a las cámaras empresariales, principalmente a las que representan a las pymes. Sica advirtió que además de las complicaciones financieras por los problemas en la cadena de pago, "se secó mucho en el financiamiento de corto plazo" en la plaza financiera en los últimos meses por las altas tasas de interés.
Sica reveló que ya está dialogando con las cámaras empresariales para tener una perspectiva y llegar al nuevo encuentro con la CGT con el panorama más claro. Como para que las posiciones no resulten muy lejanas. Pero aclaró: "El bono es seguro".
Según fuentes oficiales consultadas por este diario, se podría llegar a un acuerdo para establecer el pago de un bono voluntario, con una suma tope, y a abonarse en cuotas, como para no exigir por demás a los sectores empresariales que vienen con sus ventas en caída libre.