En el mismo momento en que el presidente Mauricio Macri le daba la bienvenida oficial de Cambiemos a la dirigente de Confianza Pública Graciela Ocaña, en la Casa Rosada explotaba el jueves pasado otra bomba política negativa para el Gobierno. El arrepentido del caso Odebrecht, Leonardo Meirelles, preso en Brasil, ratificaba ante la justicia argentina que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, recibió pagos de coimas por 850 mil dólares.
¿Qué liga estos dos hechos? Ocaña fue hace unos meses una de las denunciantes y pidió que Arribas fuera apartado de sus funciones, pese a que quien comanda la ex Side es amigo personal de Macri y le alquila el departamento que éste habitó hasta que fue a vivir a la residencia de Olivos. El jefe de Estado recibió con entusiasmo a Ocaña junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, y todo indica que será candidata por el oficialismo.
En síntesis, dentro de la carpa gobernante tendrán que convivir ahora acusadores y acusados. Lo mismo que con Ocaña sucede con Elisa Carrió, que también encarna la lucha contra la corrupción. La diputada, con sus investigaciones judiciales y sus obsesiones personales es una figura que está en condiciones de salvar o de hundir al Gobierno. Por ahora su relación personal con Macri está en un equilibrio que podría alterarse en cualquier momento.
Arribas ya había sido sobreseído por este caso, por lo que siguió ejerciendo su cargo en la AFI. Tanto sus abogados como funcionarios de la Casa Rosada insisten en que el testigo brasileño miente. Ahora se reabrió la causa, la Justicia volverá a investigar las transferencias, y el Gobierno alberga otro escándalo latente.
Todo cambia
La sensación que habita en los pasillos oficiales es que los episodios ocurridos la semana pasada, que tuvieron un fuerte impacto mediático y social, le salieron baratos al Gobierno. El principal fue el derivado del fallo de la Corte Suprema de Justicia por el que se admitió la aplicación de la vieja y derogada ley de 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad.
Apenas conocida esa sentencia, en especial la oposición ligada al kirchnerismo –lo hizo hasta la propia ex presidenta Cristina Fernández- acusaron al Gobierno de estar detrás de la resolución con la siniestra intención de “dejar en libertad a los genocidas”. Hubo alboroto interno y luego de hacerlo una cadena de funcionarios, el propio Macri debió subirse al rechazo de aquel procedimiento judicial.
Pero como ya es habitual, el oficialismo reacciona mucho más rápido en el Congreso, adonde tiene sus mejores espadas políticas, que en la Casa Rosada. En tiempo récord y con la rara unanimidad de diputados y senadores en sus respectivas cámaras, el Parlamento sancionó una ley que limita los alcances del 2x1 e intenta llenar un vacío legal que se arrastraba desde hace varios años. Ese mismo gesto sirvió para atenuar la lapidación de los tres jueces de la Corte que firmaron el fallo.
De acusarlos de complicidad con los genocidas, Elena Higthon, Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti pasaron a estar ajustados a derecho, aunque con “déficit moral”. La negativa de la sociedad a la sentencia fue contundente, con movilizaciones en todo el país de la que participaron todas las banderías políticas.
Si como creen en Tribunales hubo una mano que actuó en nombre del Gobierno para impulsar aquel fallo de la Corte, la responsabilidad quedó diluida en un mar de especulaciones políticas. ¿Qué beneficio obtendría Macri con que algunos genocidas acortaran sus condenas? Quedó demostrado que ninguno.
La tormenta
Adonde las aguas quedaron revueltas es en la Corte Suprema. Quienes detectan con experiencia y sabiduría los climas internos afirman que llevará un largo tiempo recomponer la armonía que mostraban los jueces hasta antes de la polémica sentencia, siempre y cuando tengan voluntad para hacerlo. Como adelantábamos la semana anterior, la política ya está instalada allí al igual que la desconfianza.
Esa tensión llevó a que desde afuera y en una actitud de irresponsabilidad profesional, una supuesta periodista afirmara el miércoles en las redes sociales que, viendo la magnitud de la marcha a la Plaza de Mayo, Rosatti había renunciado. También explicaba detalles del rol de Ricardo Lorenzetti y apuntaba contra Elisa Carrió. Una basura informativa que no tardó en quedar expuesta como una operación más, que personajes interesados como el exministro y excandidato Aníbal Fernández amplificaron a destajo. Lo cierto es que la Corte ya no es la que era.
Poco antes de subir al avión que lo llevó a su gira por Dubai, China y Japón, Macri repasó con parte de su equipo los temas más urgentes de la agenda. A la cabeza estaban los datos de la realidad económica, agitados por el debate sobre si la suba del 2,6 por ciento en el índice de inflación de abril debía modificar las políticas monetarias y fiscales para darle prioridad a una mayor actividad. Por ahora, el Banco Central mantendrá sus criterios.
El segundo tema que le ocupó tiempo al Presidente fue el armado político en los diferentes distritos del país para afrontar el desafío electoral de octubre. La decisión de Jose Manuel de la Sota de no ser candidato en Córdoba, y las encuestas que le mostraron, le provocaron una sonrisa de satisfacción.
Hubo en la despedida otra preocupación presidencial: poder ver este domingo, desde Asia, el clásico Boca-River.