Primero fue Musimundo. Después Garbarino. Luego Frávega. Y ahora es el turno de Ribeiro. La crisis económica y el desplome de ventas de electrodomésticos y tecnología está impactando con fuerza en las redes comerciales que se dedican a este rubro.
Ribeiro, con 84 sucursales en 19 ciudades del país (14 locales en Córdoba y 6 en Mendoza) y unos 1.500 trabajadores –entre empleados directos e indirectos-, avisó al mercado financiero que inició un concurso preventivo de crisis para restructurar su negocios, por lo que podría despedir trabajadores e incluso cerrar sucursales.
La compañía tomó la decisión como medida de prevención, con la idea de poder reorganizarse para evitar la quiebra. Con esta figura se presume cierto grado de insolvencia por parte del deudor –que no fue precisado por la firma- y buena fe para intentarse salir de la crisis.
La empresa está en una situación crítica. Semanas atrás había informado que en el primer trimestre del año perdió 7.145 millones de pesos, contra un rojo de 59 millones de pesos registrado en el mismo período de 2018.
Según el Indec, las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar a precios corrientes cayeron un 12,6% en el primer trimestre del año, hasta los 22.484,6 millones de pesos, respecto del trimestre anterior y bajaron 0,2% anual. Si se considera que hubo una inflación del 56% en el período, se observa un derrumbe de ventas.
Alejandro Schaeffer, responsable de relaciones con el mercado, le envió una carta a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) para informar lo que se considera un "hecho relevante" en la actualidad de una compañía.
“La sociedad ha iniciado ante la Secretaria de Trabajo de la Nación el procedimiento previsto en el decreto 328/88”, escribió Schaeffer. Ese decreto regula la comunicación que deberán efectuar los empleadores antes de disponer suspensiones, reducciones de jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo.
Asimismo, se amparó en los términos y con los alcances previstos en el artículo 98 de la Ley Nacional de Empleo 24.013 que estipula los requisitos que deberán presentarse para el procedimiento preventivo de crisis.
Se trata de parámetros previos a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores.
Schaeffer dijo que la adopción del procedimiento se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de la sociedad, con el fin de tomar una serie de medidas tendientes a adecuar y reestructurar las diferentes estructuras internas de la empresa de manera racional, ordenada y planificada.
Eso, dijo el directivo, será “optimizando sus recursos y reduciendo los costos con el objeto de mitigar los efectos que este produce en la sociedad en los tiempos que atraviesa nuestro país en la actualidad”.
En abril de este año la cadena Musimundo concretó una seguidilla de 28 cierres de sucursales, en el marco de un plan de reestructuración destinado a bajar costos y adecuarse al nuevo contexto económico.
También la firma Garbarino atraviesa un momento complicado. Se encuentra en plenas negociaciones para el cambio de condiciones de pago de una deuda de 4.000 millones de pesos que tiene con un grupo de bancos locales.
La semana pasada la cadena de electrodomésticos Frávega anunció el cierre del local de Cabildo y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano, uno de sus store más importantes. Esto se sumó al cierre de otras cinco sucursales en menos de un año.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.