Esteban Gaitan
Tres de las principales prepagas del país le reconocieron a este medio que les cobran un aumento a aquellos interesados en afiliarse y que padecen dislexia, acción que va en contra de lo estipulado por la ley 27.306 y el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Si una persona con dislexia se acerca a una Prepaga para afiliarse y declara que padece dislexia, le empresa ordena una auditoria médica para constata que el trastorno es preexistente, por lo que luego cobra un extra sobre la cuota base para el tratamiento. Esto es ilegal.
La dislexia es una condición diferente del ser humano, un trastorno que lo lleva a tener mayor dificultad para aprender a leer en forma automatizada. En la mayoría de los casos el padecimiento es hereditario y nada tiene que ver con un problema neurológico o psicológico.
En relación al aprendizaje, los menores no pueden seguir el ritmo de los otros compañeros, por lo que la postura del docente es clave al momento de dar clases. Eso implica tener mayor paciencia y no exponerlo ante los demás.
Pese a someterse al tratamiento correspondiente, que demanda unas 100 cesiones a lo largo de dos años, la dislexia es para toda la vida y puede llegar a generar repercusiones emocionales graves.
En ese contexto, las empresas privadas de medicina prepaga –que tienen 4.221.862 afiliados en toda la Argentina- ponen en marcha mecanismos para no hacerse cargo del tratamiento, según pudo comprobar este medio con tres de ellas, que tienen en total 3.400.000 afiliados.
Las compañías llevan a cabo esta estrategia debido a que es bajo el porcentaje de afiliados que efectivamente reclama la cobertura o inicia una acción judicial por ella, explicaron desde Defensa del Consumidor, e instaron a reclamar.
De hecho, los reclamos a las prepagas no figuran entre los primeros puestos de las quejas de los consumidores. Los servicios de comunicaciones (25 por ciento del total) y el sector bancario lideraron el ranking del año pasado, según un informe realizado por la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor.
De acuerdo al artículo 9 de la ley de dislexia, que fue reglamentada y declarada de interés nacional en abril del año pasado, las entidades de medicina prepaga “tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA o dislexia)”.
Además, se incluyó la cobertura en el PMO, lo que significa que deberá ser cubierto en su totalidad por los servicios de salud, sean públicos o privados.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud le afirmaron con muchas dudas a este medio que las prepagas están autorizadas a cobrar un coseguro. Sin embargo, la dislexia no figura en la lista de trastornos o enfermedades que lo habilitan, formulada por el Ministerio de Salud que está publicada en la página de presidencia de la Nación.
A su vez, en Defensa al Consumidor explicaron que no es legal que una prepaga le cobre un aumento a aquel que quiera afiliarse para seguir un tratamiento contra la dislexia. "Si pataleás un poco, no te cobran nada en las prepagas. Juegan con eso", le contó a este medio un miembro de Disfam Argentina, una entidad sin fines de lucro constituida en el 2002 por familias con hijos con dislexia, adultos disléxicos y profesionales de diferentes ámbitos.
Por ende, le tendrían que cobrar lo mismo a una persona sea disléxica o no, ya que está contemplado en la legislación vigente. Según datos de la Disfam, en la Argentina hay seis millones de personas que padecen dislexia, es decir, el 14% de la población.
Día nacional de la dislexia
Gracias al trabajo de las organizaciones que luchan contra la dislexia en la Argentina, la Cámara de Diputados le dio media sanción a una serie de proyectos de declaración, entre los que se encuentra establecer el primer jueves de cada octubre como el “Día nacional de la dislexia”. Ahora, resta la aprobación de la Cámara Alta para que se convierta en ley.