Carolina Ramos
El oficialismo y el grueso de la oposición llegaron a un acuerdo en la Cámara de Diputados para declarar la emergencia en el transporte público del interior del país y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos. Es un monto intermedio entre lo que pedían Juntos por el Cambio y los bloques federales y las posibilidades del Gobierno nacional.
En la Comisión de Transporte, que preside el radical Jorge Rizzotti, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio arribaron a un dictamen único, aunque no hubo unanimidad porque una discusión de último momento sobre el alcance de la emergencia hizo que Florencio Randazzo (Interbloque Federal) desistiera de acompañar.
Como se afectan partidas presupuestarias, el dictamen giró ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un paso obligado antes de la votación en el recinto.
Originalmente, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal -que incluye al schiarettismo- y Provincias Unidas exigían llevar el Fondo Compensador a 70.000 millones de pesos. Era una apuesta de máxima para cubrir los costos del sistema, sobre todo los vinculados a salarios y combustible, en un contexto de alza de precios.
Sin embargo, en negociaciones cruzadas con diputados del oficialismo y también con autoridades del Ministerio de Transporte, se llegó a un acuerdo para que el incremento llegue a 59.500 millones de pesos. El oficialista santafesino Eduardo Toniolli aclaró que ese monto es un piso y “no un techo”.
Si bien no es la cifra que la oposición esperaba, es mayor a los 38.000 millones de pesos que fijó el Gobierno Nacional el jueves pasado en el Decreto de Necesidad y Urgencia que amplió el Presupuesto Nacional. Incluso supera los 46.000 millones a los que se había comprometido el Ejecutivo a principios de año.
El proyecto final
El texto final se terminó de redactar en el transcurso de la reunión y consta de seis artículos. El primero declara la “emergencia económica” en el transporte público de pasajeros por automotor urbano, suburbano e interurbano del interior del país “con el objeto de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios y la conservación de las fuentes de empleo”.
En los hechos, esto implica una delegación de facultades al Poder Ejecutivo Nacional para gestionar el área. La emergencia regirá hasta el 31 de diciembre de 2022. Ese es el ultimátum que se fijaron los diputados para discutir, en lo que resta del año, un nuevo sistema de distribución de subsidios y la extensión de la tarjeta SUBE a todo el país.
El dictamen que se llevó a la reunión indicaba que el Ministerio de Transporte “será el encargado de establecer los criterios de distribución” de los subsidios, pero eso generó cuestionamientos de la oposición. “Podríamos tener sorpresas algunas jurisdicciones”, advirtió el mendocino Lisandro Nieri (UCR). Finalmente, se acordó corregir la redacción y que se respeten los parámetros actuales.
Por otra parte, se señala que “las provincias y municipios que adhieran al Fondo Compensador deberán, juntamente con las empresas de transporte, implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
Asimismo, las provincias “deberán continuar aportando al sistema de transporte (…) un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes al año 2021 entre los aportes girados por el Estado Nacional en concepto del Fondo Compensador y los aportes de las jurisdicciones locales, procurando la sustentabilidad de los servicios”.
Por último, se indica que “las jurisdicciones deberán presentar las rendiciones de los fondos percibidos hasta el último día hábil del mes liquidado” a los efectos del pago “dentro de los diez días hábiles posteriores”. Y se faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas para cumplir con el nuevo monto de subsidios.
Durante el debate se desató una discusión inesperada, ya que dentro de la declaración de la emergencia quedó incluido “el transporte de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional e internacional”. Según sostuvieron en el Interbloque Federal, ese agregado no había sido conversado previamente y no formaba parte del acuerdo.
Quien advirtió sobre ese punto fue el porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Sin ánimos de romper el acuerdo, no termino de comprender cuál es el verdadero objetivo de declarar la emergencia en el transporte automotor de larga distancia e internacional”, cuestionó.
Ferraro advirtió: “La declaración de la emergencia puede habilitar la realización de contratos administrativos por emergencia y que eso conlleve a licitaciones o prórroga de concesiones. La emergencia es una excepción y una facultad delegada al Ejecutivo. Yo sería más cuidadoso en la redacción”.