La Legislatura santafesina aprobó un proyecto para regular la "venta directa", con el fin de darle un marco legal y proteger a revendedores independientes y consumidores.
El proyecto, elaborado por el diputado provincial socialista Joaquín Blanco, es el primero a nivel nacional en su tipo que regula, entre otras cosas, la venta por catálogo. Se trata de un negocio que a nivel nacional ronda los $45 mil millones anuales e involucra a unas 900 mil personas, en un 89% mujeres, según la Cámara Argentina de Venta Directa (Cavedi).
"La venta directa se realiza fuera de locales comerciales establecidos, en los lugares de trabajo o domicilios particulares, a través de revendedores independientes que suelen hacer una explicación o demostración de los productos que comercializan a sus clientes", señaló el autor de la norma.
Blanco destacó que esta actividad se incrementó muchísimo en los últimos años de recesión económica, "sobre todo en mujeres que buscan una forma de aumentar sus ingresos y hasta ahora no tenían ningún reconocimiento jurídico".
En este sentido, señaló que existen empresas que, escondidas detrás de estos modelos de negocios, pueden causarles grandes perjuicios económicos, como son los casos de venta piramidal, que son una estafa. Es por eso que la norma también protege a los revendedores.
La ley prohíbe a las empresas incorporar cláusulas de exclusividad en los contratos, así como obligar a sus revendedores a la compra o adquisición de un inventario mínimo, superior al pactado entre las partes.
Asimismo, establece que "los revendedores podrán finalizar el contrato de forma unilateral y en cualquier momento, con aviso previo de forma escrita, recibir información suficiente, clara y confiable, y tener respuestas a todas sus consultas sobre las condiciones comerciales y la naturaleza jurídica del negocio al que se vinculan".
La nueva normativa creará un Registro Único y Obligatorio de Empresas de Venta Directa, bajo la órbita del Ministerio de Producción. Además, se les exigirá que establezcan una oficina de atención en la Provincia de Santa Fe, abierta al público y de manera permanente, "para responder eventuales quejas y reclamos de consumidores y revendedores", dijo Blanco.
Aquellas empresas que no se adecúen a la nueva legislación dentro del año luego de su reglamentación, podrán ser sancionadas económicamente con multas que van desde los $10 mil hasta los $300 mil, y se prevé hasta la cancelación de su autorización para funcionar.