Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la resolución del juez Claudio Bonadío de procesar sin encarcelar a los empresarios vinculados con la causa conocida como los cuadernos de las coimas K, entre los cuales se encuentra Alberto Padoán, titular de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en licencia.
El hombre vinculado a la aceitera Vicentín es investigado por asociación ilícita respecto a supuestos pagos de coimas que habría realizado, según las anotaciones de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, hombre fuerte del ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Pese a esto, el magistrado no había dictado la prisión preventiva a los acusados a Padoán, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu, y los empresarios Paolo Rocca y Rubén Aranda, sino que se había trabado un embargo millonario.
Stornelli y Rívolo apelaron justamente esta decisión al considerar que los sospechosos "convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
"El vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados, a quienes vuestra señoría sí procesó con prisión preventiva, independientemente de que algunos de ellos continúen transitando en libertad atento a lo resuelto por vía incidental", explicaron.
Además, plantearon que los hechos juzgados "se trataron de un de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada".
Por último, los fiscales sostuvieron que "se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal, en pos de sacar provecho del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios".
Cabe destacar que días atrás, el abogado de Padoán había apelado la resolución de Bonadío respecto a su procesamiento al exponer que el magistrado no describió el rol que habría desempeñado el empresario en la asociación ilícita por la cual se lo acusó.