Luego de la detención de cuatro cuatro mujeres que cobraron reemplazos que nunca hicieron en Santa Fe, la justicia imputó a las docentes por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
El trámite fue canalizado por la fiscal María Laura Martí, a cargo de la investigación que se prolongó por 6 meses, luego de la denuncia realizada por la ministra de Educación, Claudia Balagué.
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En diálogo con medios santafesinos, Martí planteó que "se logró acreditar el delito", a lo que hay que sumar "lo que se incautó en los allanamientos de ayer". "Hay más de 300 reemplazos falsos", informó.
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Durante la audiencia imputativa celebrada en al ciudad de Santa Fe a una de las detenidas se le endilgó la jefatura de la asociación ilícita y se valoró que el resto habría actuado como partícipe. Además, se les imputó el delito de defraudación específica teniendo a la Administración Pública como damnificado.
En tribunales se detalló que las mujeres detenidas cargaban los reemplazos en el sistema informático de la provincia en cuentas bancarias de terceras personas. A la vez, están citadas estas otras personas (que son 15), cuyos nombres fueron utilizados para esas cuentas y como reemplazantes.
"Están detenidas porque hay riesgo real de prueba", mencionó Martí, además de adelantar que este jueves se realizará la audiencia por la prisión preventiva.
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