Los defensores públicos de la Provincia también se mostraron en contra de la polémica ley que somete a los fiscales a la Legislatura y pidieron al gobernador Miguel Lifschitz que la vete. De esta manera se plegaron al pedido de la Junta de Fiscales de Santa Fe.
La normativa, que fue aprobada de forma exprés por la Legislatura santafesina, determina un control político de funcionarios judiciales, justo cuando están en marcha investigaciones por el enriquecimiento de muchos de estos legisladores.
"Si los defensores pueden ser removidos por razones políticas, se atenta contra la noble tarea que están llamados a cumplir en un Estado de Derecho", manifestaron los defensores públicos en un documento.
Días atrás, los fiscales santafesinos denunciaron que la flamante norma afectaría la independencia y actuación de los funcionarios del Poder Judicial.
"La ley apunta directamente a ejercer un control directo sobre fiscales y defensores que prácticamente desnaturaliza la función", cuestionó la Defensora General de la Provincia, Jaquelina Balangione.
La funcionaria declaró a LT10 que la normativa aprobada por ambas cámaras legislativas en tiempo récord, y en una de las últimas sesiones ordinarias del año, "tiene una gravedad institucional que no se mide, degrada el Estado de Derecho santafesino".