La Junta de Fiscales de Santa Fe advirtió este lunes un retroceso de la calidad institucional en la provincia ante la sanción de la normativa que permite al Poder Legislativo remover a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y autoridades de Servicio Público de la Defensa Penal.
Luego de una conferencia encabezada por el fiscal general Jorge Baclini, los representantes del Poder Judiciales consideraron que el Ejecutivo tiene que "estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación", aludiendo al poder de veto del gobernador Miguel Lifschitz.
"Las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los fiscales y fiscales adjuntos en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley", plantearon los referentes del MPA en el documento.
Baclini se expresó en los mismos términos elegidos para la redacción y subrayó su "preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma". A esto agregó: "Llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año".