Un informe de los Estados Unidos advirtió sobre casos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fernández

A través del informe “Human Rights Report 2022″, el departamento de Justicia de Estados Unidos señaló la existencia de actos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fernández, mientras que alertó sobre la situación actual contra el Poder Judicial.

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En el informe se detalla que el oficialismo “no implementó la ley de manera efectiva”, y que se reportaron “serios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupción gubernamental”.

Por tanto, quedó señalado que “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Lo que informó el Departamento de Estado sobre corrupción en el gobierno de Alberto Fernández

El informe, a través de su capítulo Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno, esgrimió que “en septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”.

Lo que no queda establecido en el reporte es la condena de seis años de prisión que recibió Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

En esa misma línea, afirmó: “Con base en una investigación anterior, en julio, las autoridades acusaron al juez federal Walter Bento de lavado de dinero y de recibir sobornos a cambio de que Bento brindara beneficios a las personas que fueron acusadas y detenidas en casos penales. Los dos hijos de Bento también fueron acusados de lavado y recepción de sobornos. El 3 de octubre, los fiscales solicitaron un juicio para Bento y los coacusados”.

“La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, continuó detallando.

Para resumir, lo señalado por los Estados Unidos indica que “las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental”.

Para cerrar, explicaron: “El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”.

El detalle sobre el Poder Judicial, según el informe del Departamento de Estado

El otro apartado que se dispuso a analizar el trabajo “Human Rights Report 2022″, analiza la situación del Poder Judicial en nuestro país. En ese sentido, se señaló que “la impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos”.

“En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y policiales en todos los niveles sobre derechos humanos, incluso a través de capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.

En otro punto, hicieron referencia a que las “largas demoras, atascos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discrecionalidad de los jueces sobre si continuar con las investigaciones y cómo hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.

Plena libertad de expresión, el punto a favor del informe

La existencia de plena libertad de expresión fue uno de los ítems que se destacó como positivo. “La constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, y el gobierno en general respetó este derecho. Medios de comunicación independientes, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación”.