Ante la polémica por el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos solicitó 90 días para definir la nueva ley

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados solicitó este lunes por medio de su presidente, Germán Martínez, 90 días más de plazo para sancionar la nueva ley que regule al Consejo de la Magistratura de la Nación.

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El pedido fue expresado a través de una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que este lunes podría pasar a tomar el control del Consejo nombrando como titular al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

En la noche del viernes pasado venció el plazo impuesto para la normalización del Consejo de la Magistratura. Por ello, Rosatti tendría que asumir este lunes la presidencia del cuerpo que nombra y designa jueces, lo que va en contra de los deseos del Gobierno.

Para Martínez, este lunes es un “día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina”, dado que la Corte puede “tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones”.

El legislador dijo que con esta advertencia el oficialismo no está “embistiendo” ni realizando una “ofensiva” contra nadie. “Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”, dijo.

El 16 de diciembre de 2021, luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días, la Corte declaró inconstitucional la ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura.

El máximo tribunal dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo. Martínez señaló que a esa altura, la Corte ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros.

“La Corte dijo otra cosa en ese fallo de diciembre de 2021. Además de declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y de emplazar al Congreso para que en 120 días sancione una nueva ley, dijo que – de no haber una nueva ley – se reponía la vigencia de la ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997″, escribió el legislador.

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Aquella ley de 1997 le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al Presidente de la Corte, por aquél entonces Julio Nazareno, “un ícono de los tiempos de la mayoría automática”, indicó el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Y agregó que “claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas. Los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar”.

El Senado le dio media sanción al proyecto (con modificaciones) enviado por el Ejecutivo en noviembre pasado. Pero de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, a la Cámara de Diputados le quedaron cuatro días hábiles. Esto fue definido por Martínez como “un despropósito” dado que es “imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo”.

Para el legislador, si este lunes en nombre de la derogada ley 24.937 el Presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, “se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina”.

“La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ”, expresó Martínez.

Por último, afirmó que si la CSJ le concede este plazo al Congreso, es porque tiene la predisposición a encaminar el tema. Si, por el contrario, este lunes el Presidente de la CSJ avanza asumiendo la Presidencia del Consejo – en función de la ley derogada en 2006 – se configurará “un escenario de enorme gravedad institucional”.

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“Los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su Presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”, concluyó.