Adepa y su repudio por los escraches contra Clarín: “Instamos a la investigación del hecho y a la sanción de sus responsables”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se pronunció manifestando su preocupación por el comportamiento de un grupo de encapuchados que pegaron afiches intimidatorios en contra del diario Clarín, alrededor de la sede que tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

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El acto contravencional tuvo lugar el lunes por la noche. Los encapuchados llegaron en autos que tenían sus patentes tapadas, motivo por el cual la Policía no pudo identificar a los vehículos en ese momento. A su vez, descendieron de los mismos con sus cabezas encapuchadas y barbijos.

Los agresores colocaron carteles sobre la calle Tacuarí, a pocos metros de la redacción de Clarín. De inmediato, un grupo de policías se acercó para tomar nota de las patentes de los autos, pero los manifestantes huyeron sin ser identificados.

Lo denunciado por Clarín es que los afiches estaban firmados por un grupo que se autoidentifica como “La patria es el otro”. Incluso, una agrupación con el mismo nombre publicó un tuit haciendo referencia de lo sucedido.

“Desde Adepa instamos a la investigación del hecho y a la sanción de sus responsables”, fue el reclamo que lanzó la asociación. Entre las frases más destacadas, se podía leer “Clarín es mafia”.

Habrían identificado a uno de los vehículos de los encapuchados

Alrededor de 20 personas fueron las que llevaron adelante las protestas intimidatorias contra el diario. Tras la revisión de las cámaras de seguridad, se pudo constatar que uno de los vehículos involucrados sería una camioneta Renault Pick Up blanca, que pertenecería a la Municipalidad de Tigre.

También, habría participado un furgón Mercedes Benz Sprinter. El propio diario Clarín denuncia que ambos vehículos estarían a nombre de personas vinculadas al kirchnerismo.

Cabe recordar que el último ataque a la sede de la redacción de Clarín data de noviembre de 2021, cuando un grupo de personas tiró nueve bombas incendiarias contra el mismo edificio que esta vez fue escrachado.

Diez meses después, los agresores fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, por el delito de “intimidación pública agravada” por el uso de explosivos.