La Justicia de Mendoza, que investiga las denuncias de abuso sexual emitidas por menores hipoacúsicos contra curas, una monja y administrativos del instituto Próvolo, le solicita a la Iglesia que deje de intervenir, que se aparte de la causa y que devuelva un expediente del caso. En un principio, la Fiscalía aceptó que la Comisión Investigadora de Vaticano accediera a la investigación, pero por oposición de víctimas y familiares de víctimas, le pide que abandone el procedimiento.
La Comisión Investigadora del Vaticano le pidió a la Fiscalía una copia de los expedientes. La Iglesias insiste en seguir investigado, pero los abogados querellantes quieren impedirlo.
Sergio Salinas, miembro de la querella, expuso: "El Arzobispado tiene el primer cuerpo del expediente y debe devolverlo. Tiene datos fundamentales como la identidad de las víctimas y relatos de algunos de los episodios críticos que involucran a los acusados. Representantes de las víctimas se niegan a que la Iglesia acceda a más información por temor a que se use para garantizar impunidad".
Oscar Barrera, otro de los abogado querellantes, argumentó: "Este pedido tiene el amparo en el secreto eclesiástico, es decir, si fue sido utilizado para ocultar hechos sexuales que no llegaron a la Justicia y/o para encubrir los que sí llegaron".
Además los letrados reprochan que la Comisión visitó en la Penitenciaría a los curas pero no se puso en contacto con las víctimas.
