El funcionario judicial a cargo del operativo para desalojar la planta de la multinacional habló de una amenaza inminente por los tanques de combustible.

El fiscal a cargo del desalojo de la planta de Pepsico en Vicente López, Gastón Larramendi, justificó la orden en virtud de la “denuncia penal por invasión a la propiedad privada”, calificó la situación como “usurpación ilegal” y dijo que había “riesgo ambiental” por los tanques de aceite y combustible en el interior de la fábrica.

El fiscal indicó que existe una denuncia interpuesta por la multinacional el pasado 26 de junio pasado, y enfatizó “el riesgo ambiental” determinado por la cantidad de “tanques de aceite y combustible” que se encuentra en el interior de la planta, “sin el cuidado especializado por parte de la firma” luego de la toma por parte de los trabajadores que solicitan recuperar su fuente laboral.

Larramendi explicó que el desalojo -que se produjo alrededor de las 8 de la mañana- se decidió “por el riesgo ambiental que implicaba la existencia de tanques de combustible, de aceite, los alimentos que requerían tener un seguimiento, todas cuestiones de seguridad que se dejaron de seguir desde que se produjo la toma”.

El fiscal también manifestó que pese a que en su fiscalía no se ocupan del reclamo laboral, “tenemos entendido que el 85 por ciento de los trabajadores arreglaron con la empresa” su indemnización, y calificó a la situación de “una usurpación ilegal”.

Según el fiscal, “en un principio la empresa no quería el desalojo pero también hubo denuncias de los propios vecinos contra la empresa por el riesgo de contaminación, y en el 2004 hubo una causa de incendio que se elevó a juicio”.