A medida que se acercan las elecciones, la conflictividad social va en aumento: este jueves hubo marchas en la Ciudad de Buenos Aires y por presión de las bases la CGT decidió reunirse el 11 de este mes para ponerle fecha a la quinta huelga general contra el Gobierno de Cambiemos.
La CGT, las dos CTA y el moyanismo marcharon contra la política económica. Partidos de izquierda y movimientos sociales se manifestaron frente al ministerio de Desarrollo Social para exigir la emergencia alimentaria.
En los subsuelos del sindicalismo hay cruces por la falta de decisión para una nueva huelga general. "La CGT desoyó el reclamo de un plan de lucha", lanzó Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas.
Desde la CGT aseguraron que hay consenso mayoritario para convocar a una huelga pero los dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, lo están frenando por temor que se incremente la tensión y haya un desbande, según dos fuentes consultadas por este medio.
A eso se le suma el acuerdo al que llegaron el Gobierno y los máximos referentes de la CGT que consiste en un desembolso de 32.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales en los próximos cuatro años.
Según fuentes gremiales, tanto Daer como Acuña no patean el tablero debido a la compensación económica del Gobierno que busca tranquilidad en el transcurso del año electoral. Pero ahora las bases elevaron la presión y la huelga parece inevitable.
A su vez, el presidente Mauricio Macri ratificó el programa económico, por lo que tampoco hubo un guiño para los gremios que en 2018 contabilizaron 264.000 puestos de trabajo menos que en 2017.
Los secretarios generales de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, además de Pablo Moyano y Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, impulsan un plan de lucha más duro contra la administración Macri.
Yasky anticipó a este diario la convocatoria a un plenario de regionales para el 11 de abril. "Vamos con el mandato de ir al paro nacional", dijo el también diputado por el Frente para la Victoria.
Al pedido de Yasky adhirió el líder del gremio de los empleados de ANSeS, Carlos Ortega, quien sostuvo que al margen de la marcha, la CGT debe "ponerle fecha a un paro general".
Desde el Gobierno son conscientes del malestar social por el desempleo, la inflación, la caída del consumo y la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia económica, que fueron temas centrales en la manifestación de este jueves.
Por otro lado, los militantes de izquierda y referentes de movimientos sociales pidieron que se declare la emergencia alimentaria, ante el aumento de la pobreza que aumentó al 32%, con picos del 49,3% en algunas provincias como Corrientes.
Por su parte, el Gobierno no respondió a las demandas gremiales y se acercó a la Iglesia. Fue en una reunión solicitada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para calmar las críticas de la institución eclesiástica en los últimos días.
Peña se reunió con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) por primera vez para tratar la situación económica y social del país. El titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea, había manifestado que están "preocupados por los términos inmediatos" y por "un síntoma de depresión" que advierten en la sociedad.
Ante la consulta de este medio, desde el entorno del secretario de Culto, Alfredo Abriani, dijeron que fue “una reunión de una hora y media”. Y desdramatizó el encuentro porque es “común” que exita este tipo de intercambio.
Luego del informe de Peña, se habló del temario habitual: la preocupación por los jóvenes, la atención a drogodependientes, el informe sobre la pobreza que la UCA publicó la semana pasada, entre otros.
“Hablamos de la necesidad de avanzar y profundizar en el diálogo. Fue una charla para que los obispos sepan de primera mano cómo estamos viendo el proceso económico, la situación política y social, el año de elecciones”, dijo por su parte Abriani a la prensa.
