La Justicia ordenó la excarcelación del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la causa por la ex Ciccone Calcográfica. El Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó a 5 años y diez meses de prisión emitió la orden, aunque deberá usar tobillera electrónica y no podrá salir del país.
Las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti hicieron lugar al pedido de Boudou de recuperar la libertad. Boudou recuperará su libertad una vez que se acredite el pago de un millón de pesos, como lo estableció el tribunal oral que lo juzgó.
Las magistradas en sus fundamentos consideraron que Boudou no tiene la facultad ni las influencias para entorpecer la investigación o fugarse del país. "No sería descabellado mencionar que el nombrado pertenece a un sector político que es opositor a quien hoy detenta el poder de policía del Estado, con lo cual debería lógicamente debilitarse la probabilidad de éxito ante un intento de salida ilegal del país", expresaron.
Su defensa había reclamado que, si no le concedían el beneficio de la excarcelación, al menos le otorguen prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Además, había realizado el planeo ante el Tribunal Oral que lo condenó y dispuso la prisión, luego que el viernes último el juez federal Ariel Lijo dictó nuevos procesamientos en el tramo de la causa vinculado a la ruta del dinero K, pero sin prisiones preventivas.
Al procesar al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la extitular de la Casa de Moneda Katya Daura, Lijo les permitió seguir en libertad porque no vio posibilidades de entorpecimiento de la investigación, cuyas medidas de prueba "más relevantes" ya se ordenaron.
Ante ello, los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, insistieron en la excarcelación, porque según sostuvieron, la misma interpretación puede hacerse sobre la parte de la investigación referida a Boudou.
El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y diez meses de prisión el pasado 7 de agosto. Los jueces lo consideraron "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" cuando era ministro de Economía, durante el kirchnerismo. A su vez, establecieron una multa de 90 mil pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
