Fabián Induti
A raíz de la condena que recibió a cinco años y diez meses de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone, el Gobierno Nacional rechazó el pago de la jubilación a Amado Boudou como ex vicepresidente del país.
Así lo dispuso la Anses, entidad que confirmará la decisión este martes ante la fiscalía N1 de la Cámara de la Seguridad Social. "Desestimamos el otorgamiento de la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por el ex vicepresidente Amado Boudou", concluye el escrito que presentará la Anses ante la Justicia, al cual tuvo acceso diario Clarín.
La disposición fue tomada en base a dos dictámenes que se opusieron al otorgamiento del beneficio: mientras que uno fue emitido por la Oficina Anticorrupción, el otro por la Procuración del Tesoro de la Nación.
El organismo que conduce Laura Alonso considera que la asignación que reclamó Boudou es "incompatible con una condena en sede penal" como la que él recibió el 7 de agosto pasado en el caso Ciccone. Según argumentó en su dictamen, las pensiones vitalicias pueden resultar "denegadas o revocadas si no existiera o desapareciera la causa jurídica que les otorga sustento legal, que es el honor, el mérito y el buen desempeño".
La Procuración del Tesoro, en tanto, advirtió que las pensiones vitalicias como la que solicitó Boudou por ser ex vicepresidente "pretenden compensar servicios públicos prestados con honradez y decoro. Y puede verse afectada si se descubre -a través de un proceso penal que normalmente no concluye durante el mandato- que esos servicios no fueron ni rectos ni honrados".
El organismo que dirige Bernardo Saravia Frías concluyó que "desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Anses se encuentra en condiciones de desestimar el otorgamiento de la asignación mensual vitalicia solicitada".
A pesar de que había empezado a tramitar su pensión luego de dejar el Gobierno, a Boudou le faltaba presentar una serie de papeles ante el organismo que se encargaba de entregar el beneficio y, por tal motivo, la gestión se retrasó.
En Anses creen que Boudou apelará la decisión y que el tema puede extenderse aún más. No obstante, se apoyan en los argumentos jurídicos del dictamen y resaltan uno de los párrafos de la resolución: "Resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional".