Tras la reunión de gabinete, pautada para las 8 en la jefatura de Gabinete de la Quinta Presidencial el jefe de Gabinete Marcos Peña, brinda una conferencia de prensa en la que se busca aclarar las versiones acerca del acuerdo entre el Correo Argentino y el Ministerio de Comunicación.
Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad informaron una serie de medidas que adoptarán en el expediente judicial en el cual se tramita el concurso preventivo de la compañía que manejó el servicio postal hasta 2001 y otras de índole política.
"Luego de 12 años de desidia y de no resolución de las autoridades del Gobierno anterior, el Ministerio de Comunicaciones trabajó en un esquema de acuerdo para poder darle fin a la discusión que se da desde el 2002", explicó respecto al acuerdo.
"Se busca abordar la problemática de manera integral y convocar a un panel de expertos para evitar cualquier duda sobre posibilidad de conflictos de intereses y por eso se le solicitará a la Auditoría General de la Nación para que de un veredicto técnico antes de llegar a un acuerdo", aclaró. Luego agregó: "La Auditoría está integrada por la oposición".
Al ser consultado sobre la postura de Mauricio Macri, Aguad, responsable del área de Gobierno que firmó el acuerdo que fue objetado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, aclaró: "Jamás consulté este tema con el Presidente, tiene vedado por ley interesarse en alguna cuestión que involucre a algún familiar". "El Presidente nunca se interesó en el tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado", agregó.
El gobierno de Cambiemos cerró un entendimiento con la empresa que administró el Correo hasta 2001, propiedad de Franco Macri, para saldar una deuda que fue concursada. La fiscal general objetó el entendimiento porque considera que se trata de una "licuación" de la deuda y no un acuerdo razonable.
Pese a las repercusiones que generó el dictamen, los funcionarios coincidieron esta mañana en señalar que "no se trata de un problema político" sino de índole "técnico, judicial".
Luego, apuntaron: "el Estado necesita una solución lo más rápido posible de este problema" y concluyeron: "lo que hay que investigar es por qué en 12 años no se cerró este acuerdo".
