Juliana Argañaraz
Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo anunciado el jueves por el flamante ministro de Salud, Ginés González García. A partir de ahora, cada provincia deberá determinar si adhiere o no a esta guía para que "los equipos de salud cumplan con su responsabilidad" en el caso de abortos no punibles, según consta en la resolución 1/2019.
Los dos casos contemplados son: el peligro para la salud o para la vida de la madre y la violación a un ser gestante con o sin discapacidad. Ambos están contemplados en el artículo 86 del Código Penal argentino.
"Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos", señala el Boletín Oficial.
El nuevo documento también hace hincapié en la diversidad de género: "El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)".
Establece, además, que la decisión de la persona gestante debe prevalecer por sobre la de los médicos, e incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. También determina que "nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación".
Este protocolo, que se oficializa después de que el anterior ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, intentara hacerlo y fuera anulado por Mauricio Macri, busca actualizar la guía de prácticas que quedó vieja después de la reforma del Código Civil y la evolución del conocimiento en la materia, siempre según la Organización Mundial de la Salud.
Sobre la objeción de conciencia González García dijo: "Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley". Para él, las instituciones deberán "dar respuestas" a quienes lo soliciten.