Así fue informado desde la Justicia Federal.


La Justicia Federal reactivó las investigaciones por un millonario fraude a la delegación de la Anses de Santiago del Estero por el otorgamiento de pensiones falsas.

Se trata de varias investigaciones que tiene a cargo el juez federal Guillermo Molinari, quien ordenó el procesamiento y embargos de bienes a varios beneficiarios y algunos empleados por una defraudación que supera los 35 millones de pesos.

En los últimos días, el magistrado tomó testimonios a empleados y beneficiarios de la Anses santiagueña y no descarta nuevas detenciones en la causa que fue iniciada por la denuncia de la delegada del organismo nacional, Natalia Neme.

Esta causa involucra a los ex empleados Graciela Saad, Cesar Luis Cortes, Luis Manuel Paz y Marcos Chazarreta, quienes fueron procesados y embargados por 10 millones de pesos, cada uno, por los delito de “asociación ilícita, defraudación, violación de los deberes de funcionario público y por la utilización de documentos falsos adulterados”.

En la misma resolución, de 145 fojas, el magistrado ya había dictado el procesamiento de Cecilio Ibáñez, considerado “gestor” de pensiones falsas, por los delitos de “asociación ilícita, defraudación y utilización de documentos falsos adulterados” y también le aplicó un embargo de 10 millones de pesos.

Tras permanecer varias semanas detenidos, los empleados de la Anses e Ibáñez fueron liberados y actualmente no hay detenidos.

Además, los beneficiarios de pensiones apócrifas Celeste Lucatelli, asesora y sobrina de la ex diputada nacional Mirta Pastoriza; su hermano Héctor Lucatelli, Paola Conte, Rita del Valle Lescano y Luis Villar fueron procesados por “defraudación” a la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real”, con embargos por 2,5 millones de pesos.

Estas jóvenes que aparecen casadas con personas fallecidas fueron beneficiadas con una excarcelación anticipada bajo caución real de 1,5 millones de pesos cada una, resolución que fue confirmada por un tribunal de apelaciones.

También fueron procesados otros 18 beneficiarios de la Anses, sin prisión preventiva, por los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real”.





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