El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) decidió que si detecta incumplimientos en torno de la calidad del agua distribuida por las redes sancionará a los operadores y hasta aplicará rebajas en las facturas de los clientes afectados.

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De esta manera se podrían acabar los problemas que muchos mendocinos tienen con el agua potable en distintas zonas, al sufrir permanentes pérdidas y falta de presión en el servicio, como también de turbidez al momento de abrir el surtidor.

El organismo dispuso a través de la Resolución 28 “exhortar a los Operadores de Gestión Comunitaria de Mendoza al cumplimiento de las normas de calidad vigentes en la prestación del servicio de agua potable”, advierte que habrá multas y hasta podría declarar el fin de la operación en situaciones extremas.

“Para el caso que el EPAS detectase alguna infracción en la calidad del agua que presta a los usuarios, se procederá a aplicar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Provincial 6044. Pudiendo, llegado el caso, imponer la intervención de servicios y aún más la caducidad de la operación”, dice la medida, que apunta a unos 300 OGC activos en Mendoza, incluidos los municipios de Tupungato, Luján y Maipú, sin mencionar a Aysam.

En 1996 una norma reordenó el sistema de agua y saneamiento dandole al EPAS potestad como regulador, y ahora reflota en contexto de pandemia. En su Título V (artículos 45 a 48) fija tipos de sanciones y medidas límite.

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Entre las sanciones previstas se dispuso un apercibimiento inicial y si persiste el problema multas de hasta $1.000.000. Pro también establece la suspensión de la actividad y, además de la clausura de la fuente de contaminación, la del establecimiento responsable. En una situación extrema, prevé la intervención administrativa por hasta 180 días del prestador del servicio, prorrogable por un plazo similar.

Los usuarios

También, y si la situación es más evidente, el Epas, podrá disponer que se apliquen bonificaciones en las facturas a los usuarios.

La norma no especifica porcentajes ni montos, pero apunta a “determinar e imponer descuentos tarifarios obligatorios a usuarios afectados por la deficiente prestación del servicio”. Esto cuando se detecte “inexistencia y/o defectuosa cloración del agua” destinada al consumo humano.

El EPAS fundamentó la resolución al destacar la obligación de que el servicio de agua potable cuente con “las mínimas condiciones de calidad que la población merece”, por ser su consumo diario “irreemplazable” como alimento e “indispensable para la salud”. Y por esa razón resalta que la necesidad de asegurar su calidad “cobra mayor énfasis a partir de la situación mundial actual de pandemia, que no es ajena al país y nuestra provincia en especial”. Fuente Sitio Andino