Sin acuerdo entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel y ahora decide la Corte

Los gobiernos de La Pampa y Mendoza protagonizaron un nuevo cortocircuito durante la última reunión entre autoridades de ambas provincias en el marco de la disputa por el caudal del río Atuel, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá dirimir el conflicto si se agota sin acuerdos la instancia de las negociaciones.

Autoridades de las carteras de recursos hídricos de ambas provincias se reunieron ayer en el marco de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), y desde ambos Estados se informó que no se alcanzó un acuerdo.

Tras el encuentro, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, aseguró a Télam desde Buenos Aires que el cálculo del caudal del río que propone Mendoza "no es seguro y genera suspicacias", por lo que "se decidió rechazar el planteo y definirá la Corte Suprema".

"Mendoza planteó el método suizo que les arroja 1,3 metros cúbicos por segundo, pero cuando revisamos la metodología a nosotros nos da 3,4 metros cúbicos", precisó y añadió que "el método de medición propuesto por Mendoza toma solamente la cuestión hidrológica y tiene imprecisiones".

El ministro de Gobierno de Mendoza, Dalmiro Garay, consideró por su parte que su provincia "ha cumplido con la entrega del documento técnico que respalda el método hidrológico suizo, y arroja un promedio de corrimiento permanente de 1.3 metros cúbicos por segundo para reconstituir el ecosistema del norte pampeano".

"De esa manera, se logra cumplir con la exigencia que nos impuso la Corte Suprema de la Nación", dijo Garay.

Ante la falta de acuerdo, los gobiernos de La Pampa y Mendoza deben presentar sus propuestas el próximo 14 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinará el caudal hídrico apto que debe llegar a territorio pampeano.

La demanda se inició el 14 de mayo de 2014 cuando la provincia de La Pampa acusó a Mendoza por el corte del río Atuel y por el incumplimiento del gobierno cuyano al fallo de 1987 del máximo tribunal de justicia del país que lo obligaba a celebrar convenios para regular el uso del agua del río declarado interprovincial.