Le devuelve a Iguacel, Etchevehere, Avelluto, Barañao, Bergman, Santos, Rubinstein y Triaca una facultad que tenían cuando eran ministros.


En medio de la “tormenta financiera” y una crisis de credibilidad, el Gobierno del presidente Mauricio Macri realizó un reordenamiento ministerial en septiembre para dar una señal de austeridad.

Degradar una decena de ministerios a secretarías no significó un ahorro para el Estado. Pero sí generó inconvenientes para el funcionamiento de los actos administrativos: simplemente, agregó burocracia.

Esto quedó expuesto con la decisión del Gobierno de modificar el régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, para devolverle a lo funcionarios que fueron degradados el poder de firma y toma de decisiones.

La gestión Macri oficializó este lunes los montos a partir de los cuales se pueden realizar contrataciones directas y sumó a los secretarios de Gobierno a la lista de autorizantes para gastos de hasta 128 millones de pesos.

Así, si bien no les reasigna la categoría de ministros, les devuelve a Javier Iguacel, Luis Miguen Etchevehere, Pablo Avelluto, Lino Barañao, Sergio Bergman, Gustavo Santos, Adolfo Rubinstein y Jorge Triaca una facultad que tenían cuando eran ministros.

La medida fue oficializada a través del Decreto 963/2018 publicado este lunes en el Boletín Oficial el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Si bien no lo dice expresamente, la gestión Macri tomó esta decisión por dos motivos: la inflación que disparó los costos y resulta necesario ajustar las escalas de gastos; y la reorganización del Gabinete de septiembre complicó la gestión.

A través del Decreto Nº 802 del 5 de septiembre, con fundamento en necesidades de gestión y diseño organizacional, se creó el cargo de secretario de Gobierno en diversas carteras ministeriales.

La legislación que estaba vigente no permitía a los secretarios a tomar algunas decisiones como la de ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar contrataciones o adquisiciones, por lo que desde ahora sí estarán autorizados.

Esta medida fue tomada “con el fin de dotar de mayor operatividad la gestión de autorización y la aprobación de gastos, así como de los procedimientos de selección”, por lo que el Gobierno consideró necesario también modificar el valor del módulo.

El módulo es una medida de valor equivalente a unos 1.000 pesos, que desde ahora sube un 60% y pasa a ser de 1.600 pesos.

Con el cambio, el secretario de Modernización de la Nación podrá aprobar el procedimiento de selección para una contratación, adjudicación o declaración de fracaso en el procedimiento administrativo.

Asimismo, un secretario de Gobierno podrá ordenar una licitación y concurso público o privado o subasta pública hasta un importe de 80.000 módulos, es decir, unos 128 millones de pesos; y una compulsa abreviada y adjudicación simple cuando el sean 50.000 módulos, unos 80 millones de pesos.

A partir de los cambios, cuando el monto estimado del contrato sea el parámetro que se utilice para elegir el procedimiento de selección, se deberá considerar el importe total en que se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas.

Para ello, el Gobierno determinó una nueva escala: a) Compulsa abreviada cuando implique hasta 1.000 módulos, equivalente a 1.600.000 pesos.

b) Licitación privada o concurso privado hasta 5.000 módulos, equivalente a 8.000.000 de pesos.

c) Licitación pública o concurso público cuando se trate de más de 5.000 módulos, es decir, superior a 8.000.000 de pesos.





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