Presión de gobernadores PJ y la CGT por el fondo sojero

El malestar generado por la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fofeso) que destinaba a provincias y municipios 30 por ciento de la recaudación por impuestos a la exportación de soja se tradujo este viernes en una reunión de gobernadores opositores peronistas en busca de lograr una posición común.

El encuentro en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) apuntaba a convocar a la mayoría de los gobernadores del PJ, pero sólo reunió a cuatro de ellos, precisamente aquellos que tienen una relación más tensa con el Gobierno nacional: el tucumano Juan Manzur y el pampeano Carlos Verna, impulsores de la movida, más la fueguina Rosana Bertone y el formoseño Gildo Insfrán. El sanjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci y el santiagueño Gerardo Zamora, anticiparon su ausencia, pero enviaron a sus vicegobernadores.

Pero el resto de los gobernadores peronistas no participó. Tuvieron distintas razones (el cordobés Juan Schiaretti está de vacaciones). Por caso, el entrerriano Gustavo Bordet y el chaqueño Domingo Peppo, habían sido recibidos por separado el jueves por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Fue en el marco de negociaciones para consensuar el proyecto de Prespuesto 2018. Desde Interior dijeron que la ronda de Frigerio con otros gobernadores seguirá la semana próxima.

La sorpresa política de la reunión fue la presencia de los máximos dirigentes de la CGT. Invitados por los gobernadores, dejaron sentado en el encuentro su preocupación por la posible pérdida de empleos como consecuencia de la eliminación del también llamado "fondo sojero" cuyos recursos utilizan los municipios para realizar obras públicas, dijeron a este diario fuentes sindicales.

Por la CGT participaron sus triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Gerardo Martínez (construcción), Andrés Rodríguez (Upcn) y José Luis Lingeri (Aysa).

Además de buscar delinear una estrategia común ante la eliminación del Fofeso por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri conocido el martes pasado, los gobernadores pretendieron dar una primera señal de fortaleza política en su estrategia.

Así, coincidieron en una segunda reunión la semana próxima, como también en alinear a sus legisladores en el Congreso nacional detrás del proyecto que presentó el jueves el titular del Bloque Justicialista, el salteño Pablo Kosiner, titular además del interbloque Argentina Federal. El proyecto prevé directamente la derogación por ley del decreto de Macri y el restablecimiento del Fofeso.

Ayer Kosiner, en declaraciones periodísticas, calificó de "inconsulta" e "irresponsable" la decisión presidencial. "No coincide con el acuerdo fiscal, es irresponsable. Son fondos presupuestados aprobados por el Congreso. Las legislaturas provinciales ratificaron el acuerdo con la soja y el acuerdo fiscal, y ahora unilateralmente se las quitaron, Sucedió lo mismo con las asignaciones familiares. No comprendo la dinámica de este gobierno". Remarcó.

La otra pata de la estrategia es la judicial. Manzur había sido el primero en avanzar en ese terreno cuando anteayer el fiscal de Estado de Tucumán, Daniel Leiva, anticipó que presentaría un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la suspensión de la eliminación del Fofeso. Por ahora la presentación quedó en suspenso.

Este viernes Macri justificó en su conferencia de prensa la eliminación de ese fondo como parte del ajuste acordado con el FMI para reducir a 1,3 por ciento el déficit fiscal en 2019. "Estamos en un momento de mucha tensión y atravesando una tormenta muy compleja", dijo.

El "fondo sojero" transfería a provincias y municipios unos 8.500 millones de pesos en 2018 procedentes de los derechos de exportación de soja, de los cuales 30 por ciento iba directamente a los gobiernos locales.

Había sido creado en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su vigencia hasta 2019 fue ratificada en el pacto fiscal Nación-Provincias de fines del año pasado. De allí que su eliminación podría ser utilizada como argumento por los gobernadores para denunciar el pacto fiscal en caso de una presentación judicial.